Imágenes satelitales revelan grave daño ambiental en La Mandinga, terreno entregado por presidente Petro

El predio La Mandinga, ubicado en jurisdicción del municipio de Cáceres y colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, ha sido señalado como un punto crítico de deterioro ecológico por actividades de extracción ilegal de oro.

En ese mismo terreno, el Gobierno del presidente Gustavo Petro entregó en 2024 un título minero, lo que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión estatal en la zona.

La situación adquirió visibilidad tras un reportaje publicado por The New York Times, que documentó la existencia de explotación aurífera ilegal en inmediaciones de una unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño, una región históricamente afectada por economías ilícitas.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el 11 de abril de 2024, durante la Asamblea Popular por la Paz y la Vida realizada en Caucasia, una delegación del Gobierno nacional encabezada por el presidente Petro, junto con el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y el entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, participó en la entrega de títulos mineros en la región.

En ese evento, uno de los contratos fue otorgado a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien figura como titular de la concesión correspondiente al predio La Mandinga, ubicado en cercanías del batallón Rifles No. 31.

La zona ya había sido objeto de advertencias oficiales. En noviembre de 2022, un informe remitido por el teniente Héctor Leonardo Saavedra a Corantioquia describió una “grave devastación” ambiental en el predio.

El documento detalla remoción de material montañoso, uso de combustibles, vertimiento de mercurio en fuentes hídricas y presencia de población vinculada a actividades extractivas provenientes de municipios como Cáceres y Caucasia.

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Estas alertas fueron trasladadas a entidades de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la propia Agencia Nacional de Minería.

Registros recientes y material satelital evidencian la transformación del paisaje: amplias áreas intervenidas, pérdida de cobertura vegetal y alteración de cauces naturales.

Especialistas han advertido que los efectos de este tipo de explotación pueden extenderse por décadas, especialmente por la contaminación con metales pesados que afectan ecosistemas y fuentes de agua.

Según fuentes militares en la región operan estructuras del Clan del Golfo que obtienen ingresos de la extracción ilegal de oro. Este fenómeno ha consolidado un esquema en el que conviven títulos formales, economías ilícitas y control territorial por parte de organizaciones armadas.

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