Fundación implicada en casos de abuso infantil no cumpliría requisitos para contratar con el ICBF

Un nuevo hallazgo pone en entredicho el papel del Estado en la vigilancia de operadores de atención a la primera infancia en Colombia. La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, señaló que la Asociación Parque el Canadá —entidad vinculada a los casos de abuso sexual en el jardín infantil Canadá Sede F, en San Cristóbal— no cumpliría con los requisitos exigidos para contratar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El caso tomó notoriedad pública luego de que al menos doce familias denunciaran abusos sexuales contra menores por parte del profesor Freddy Arley Castellanos Velasco, quien hoy se encuentra detenido. La Asociación Parque el Canadá, administradora del jardín implicado, también gestiona otros nueve centros educativos en la capital del país financiados con recursos públicos.

De acuerdo con la investigación presentada por Pedraza el 8 de mayo de 2025, la fundación no tendría los estándares de habilitación exigidos por el ICBF, pero aun así accedió a 13 contratos por más de $5.397 millones en 2024. En total, desde 2017, la entidad ha recibido más de 50 contratos para operar jardines infantiles, lo que evidencia una posible falla estructural en los mecanismos de contratación y control estatal.

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La denuncia de Pedraza fue respaldada por la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, quien citó a debate de control político al ICBF y a la Policía Nacional, señalando una "ausencia total de vigilancia, prevención y acción efectiva" por parte de las autoridades ante los riesgos que enfrentan los menores atendidos en estos centros.

Pedraza cuestionó además el hecho de que, a pesar de las irregularidades previas, como la entrega de alimentos vencidos reportada desde 2015, la fundación siguiera operando sin consecuencias. "De la negligencia a la complicidad hay un solo paso", señaló la congresista, exigiendo respuestas sobre la continuidad de los contratos y la falta de una política efectiva de prevención de violencia sexual infantil.

La funcionaria también reveló que el ICBF reconoció en 2025 que la Asociación Parque el Canadá no cumplía los requisitos para contratar, pero no suspendió la operación de los contratos vigentes. Esta situación, dijo, pone en riesgo la integridad de miles de niños y niñas en Bogotá, e interroga el sistema mismo de vigilancia y control.

Otro factor que agrava el problema, según Pedraza, es la sobrecarga laboral del ICBF. Citó un informe de 2023 que indica la necesidad de contratar cerca de seis mil trabajadores adicionales para cumplir sus funciones. La falta de personal estaría impidiendo realizar una supervisión rigurosa de los operadores contratistas.

Las denuncias han generado indignación entre las familias afectadas y reabren el debate sobre la eficacia del Estado en la protección de la infancia. Mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas, crecen los llamados desde el Congreso para una reforma estructural en el modelo de contratación y supervisión de servicios de atención infantil.

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