Federación de Departamentos rechaza “juicios revolucionarios” del Eln y exige liberación de secuestrados

La Federación Nacional de Departamentos rechazó de manera categórica que grupos armados ilegales, especialmente el grupo terrorista Eln, pretendan atribuirse funciones judiciales mediante supuestos “juicios revolucionarios” y condenas impuestas al margen de la Constitución y la ley.

El pronunciamiento se produjo luego de que la guerrilla anunciara la realización de un llamado “juicio revolucionario”, mediante el cual aseguró haber impuesto una condena de 60 meses de secuestro al agente del Cuerpo Técnico de Investigación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y otra de 55 meses a Rodrigo Antonio López Estrada, bajo la figura de “prisión revolucionaria”.

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En un comunicado, la Federación advirtió que estas acciones representan una grave violación de los derechos humanos y constituyen una amenaza directa contra el Estado de derecho, la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

“La denominada ‘prisión revolucionaria’ carece de toda legitimidad. Colombia es un Estado Social de Derecho regido por la Constitución, donde el respeto por la vida, la integridad y la libertad es un principio fundamental”, señaló la entidad.

La organización también enfatizó que ninguna estructura armada ilegal puede sustituir a la justicia colombiana ni establecer mecanismos paralelos sin validez legal. Además, recordó que únicamente las instituciones de la Rama Judicial están facultadas para administrar justicia en el país.

La Federación Nacional de Departamentos exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los funcionarios y demás personas retenidas ilegalmente. “Este sería un verdadero gesto de voluntad de paz”, afirmó la entidad.

Asimismo, expresó respaldo a la labor de la Fuerza Pública y agradeció a las organizaciones, autoridades y personas que mantienen abiertos canales humanitarios para lograr la liberación de los secuestrados.

Finalmente, la Federación reiteró que el secuestro es un delito “despiadado”, prohibido tanto por la legislación colombiana como por el derecho internacional, y advirtió que el país no puede permitir que este tipo de prácticas sean normalizadas o repetidas.

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