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Contraloría de Antioquia detecta presunto detrimento de $108.585 millones en EPM por cambios en Hidroituango
El informe de señala presuntas fallas en un contrato ejecutado entre 2022 y 2023, periodo que correspondió a la administración de Daniel Quintero en Medellín.
La Contraloría General de Antioquia identificó un presunto detrimento patrimonial de más de $108.585.346.005,76 en Empresas Públicas de Medellín (EPM), relacionado con el cambio de contratistas para las nuevas unidades de generación 5, 6, 7 y 8 del proyecto Hidroituango durante 2022 y 2023, en la alcaldía de Daniel Quintero.
Este hallazgo hace parte de la Actuación Especial de Fiscalización No. 001 de 2026, mediante la cual el ente de control evaluó el impacto financiero de las modificaciones realizadas al contrato BOOMT (por sus siglas en inglés: Build, Own, Operate, Maintain and Transfer).
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Según la Contraloría, esta millonaria cifra responde a mayores valores y cantidades adjudicadas en comparación con el presupuesto de referencia inicialmente establecido.
El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, aclaró que la afectación no comprometió el patrimonio de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., la cual solo recibió dos hallazgos menores en materia administrativa relacionados con la oportunidad de acciones judiciales y la actualización de su modelo financiero.
Debido a que el presunto detrimento afecta directamente las finanzas de EPM (entidad bajo la jurisdicción de la capital antioqueña), el caso fue remitido a la Contraloría Distrital de Medellín, que abrirá la investigación de responsabilidad fiscal correspondiente.
Tras conocerse el informe, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la decisión de la Contraloría respalda las denuncias que había realizado sobre la gestión de la anterior administración municipal.
Además, afirmó que los nuevos hallazgos se suman a otros procesos judiciales en curso y podrían acelerar las investigaciones contra los presuntos responsables del cambio de contratistas.
Por último, el mandatario también criticó que algunos exfuncionarios vinculados a esas decisiones ocupen actualmente cargos en el Gobierno Nacional, exigió la devolución de los recursos públicos y cuestionó el destino final del dinero del proyecto.
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