Eln anuncia “juicio revolucionario” contra funcionarios del CTI y la Dijin

El secuestro, una de las prácticas más crueles y persistentes del conflicto armado colombiano, vuelve a ocupar el centro del debate nacional tras el anuncio del grupo terrorista Eln de someter a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado que permanecen en su poder desde hace más de cinco meses.

Los secuestrados son dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca, una de las zonas de mayor influencia del grupo guerrillero.

En un comunicado firmado por el frente de guerra oriental “Manuel Vásquez Castaño”, aseguró que “agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada” con el Gobierno y la Fiscalía, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia “pasarán a juicio revolucionario”. 

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Según el texto, podrían recibir penas de entre tres y siete años de prisión, aunque con la posibilidad de mantener correspondencia con sus familias durante el proceso.

El Eln argumentó que durante varias semanas propuso un canje de prisioneros, pero que la falta de respuesta del Estado los llevó a adoptar lo que llaman un “mecanismo interno de justicia”. Sin embargo, el comunicado no detalla el lugar donde se encuentran los secuestrados ni las condiciones de su cautiverio, lo que aumenta la incertidumbre sobre su situación.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Policía Nacional, ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio. Tampoco han confirmado la autenticidad del comunicado ni la situación actual de los funcionarios.

Cabe recordar que hace dos meses el grupo terrorista difundió un video con pruebas de vida de los dos funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. En las imágenes, grabadas en medio de la selva, ambos aparecen vestidos de civil y hacen un llamado al presidente Gustavo Petro para que interceda por su liberación.

“Vamos para dos meses y no han hecho nada. Ni el Presidente Gustavo Petro, ni la Fiscalía han activado los canales con el ELN para que se dé nuestra liberación. Pido a la ONU, a la Defensoría del Pueblo, que presionen al Gobierno Nacional”, expresó Rodrigo López Estrada en el video, visiblemente afectado.

El anuncio ha generado amplia preocupación en sectores políticos y humanitarios, que advierten que esta práctica constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario y pone en entredicho el compromiso del ELN con el proceso de paz que el Gobierno Nacional busca reactivar.

¿Qué significa un “juicio revolucionario”?

El llamado “juicio revolucionario” es una figura utilizada por el Eln para justificar el secuestro y la retención prolongada de sus víctimas. A través de ella, la guerrilla anuncia supuestos procesos internos contra militares, policías o funcionarios públicos, a quienes acusa de “delitos contra el pueblo” o de “actuar contra la revolución”.

En realidad, no se trata de un juicio legal ni legítimo. Los cautivos no cuentan con defensa, ni con un juez imparcial, ni con derecho a un debido proceso. Según expertos en derecho humanitario, se trata de una práctica arbitraria con la que el grupo armado pretende dar apariencia de legalidad a actos que constituyen violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Las penas impuestas en estos falsos juicios suelen extenderse durante años y se cumplen en campamentos o zonas de retención bajo control del ELN, sin supervisión ni control externo. Durante este tiempo, las víctimas permanecen privadas de la libertad, en condiciones precarias y bajo constante amenaza, mientras la guerrilla utiliza su cautiverio como mecanismo de presión política frente al Gobierno Nacional.

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