El 89 % de los capturados por hurto en Bogotá queda libre y vuelve a delinquir

El seguimiento a la reincidencia de personas capturadas por delitos como hurto, porte ilegal de armas, extorsión y robo de vehículos en Bogotá ha puesto en evidencia un fenómeno recurrente: un alto porcentaje de quienes son detenidos por la Policía Nacional vuelven rápidamente a circular por las calles, por decisión de jueces o por solicitud de la Fiscalía.

Las cifras oficiales revelan que esta situación no es esporádica, sino parte de una tendencia que viene consolidándose en los últimos años y que incide de forma directa sobre la percepción ciudadana de inseguridad y la operatividad de las instituciones encargadas de la justicia penal.

Entre enero y diciembre de 2025, las autoridades reportaron la captura de 5.025 personas por el delito de hurto en sus diferentes modalidades.

Le sugerimos leer (Ejército destruye más de 39 laboratorios y golpea finanzas criminales por más de $1.000 millones)

De ellas, 4.497 recuperaron la libertad en etapas tempranas del proceso. Esto representa un 89% del total, lo que significa que menos de uno de cada diez detenidos por robo permaneció privado de la libertad tras su captura.

En el desglose de esas liberaciones, el 46% se produjo por decisión de un juez, mientras que el 43% obedeció a una solicitud directa del ente acusador, en aplicación de normas que permiten la excarcelación inmediata en ciertas condiciones procesales y penales.

La tendencia es similar en delitos relacionados con el uso o tenencia de armas de fuego. Durante 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de 1.690 personas por fabricación, tráfico o porte de armas.

Del total, el 78% fue detenido en flagrancia y el 22% mediante orden judicial. No obstante, solo 518 personas fueron enviadas a centros carcelarios y otras 17 recibieron detención domiciliaria.

En contraste, 1.155 capturados fueron dejados en libertad, en su mayoría bajo el argumento de penas estimadas por debajo del umbral legal que permite dictar medidas de aseguramiento, o por fallos de procedimiento que derivaron en la nulidad de actuaciones o vulneración de garantías.

Un caso reciente, ocurrido en la primera semana de febrero de 2026, volvió a poner en discusión la operatividad del sistema judicial en esta materia.

Dos hombres, de 22 y 24 años, fueron capturados por unidades de la Sijín cuando, según las investigaciones, venían cometiendo una serie de hurtos bajo la modalidad de fleteo en localidades como Engativá, Usaquén y Barrios Unidos.

Las víctimas habían sido seguidas después de retirar altas sumas de dinero en entidades bancarias y abordadas por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta.

Aunque los investigadores aportaron material videográfico donde se evidencian los movimientos de los sospechosos, el juez de control de garantías determinó que no existían antecedentes judiciales que justificaran una medida restrictiva, por lo que ambos fueron dejados en libertad mientras avanza el proceso.

Entre las estructuras que han tenido miembros capturados y posteriormente liberados se encuentran bandas organizadas que, según las autoridades, cuentan con estructuras definidas y alto impacto en la capital.

Los denominados “Alta Gama”, dedicados al hurto de automotores de alta gama; “Los Rolex”, identificados por cometer robos de relojes lujosos en zonas comerciales de alto tráfico; y “Los Bautista”, grupo que, de acuerdo con investigaciones previas, opera centros de llamadas desde donde ejecuta modalidades de extorsión telefónica.

Fuentes consultadas en organismos de seguridad indican que la liberación de integrantes de estos grupos afecta de forma directa el desmantelamiento de estructuras criminales. 

Argumentan que la ausencia de medidas de aseguramiento limita la capacidad del Estado para interrumpir el ciclo delictivo y debilita la efectividad de los operativos diseñados para la reducción de estas conductas.