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Denuncian red de trata de niñas indígenas y afros por parte de grupos armados en el Chocó
Fuentes militares revelan una macabra práctica de explotación sexual en las carreteras del departamento, donde menores son vendidas por sumas de hasta cinco millones de pesos.
Una escalofriante denuncia conocida este 21 de marzo pone de manifiesto la degradación de la violencia en el departamento del Chocó. Según revelaron fuentes militares, grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo estarían liderando una red de trata de personas dedicada a vender la virginidad de niñas indígenas y afrodescendientes a depredadores sexuales en las vías que conectan a Quibdó con Medellín y Pereira.
De acuerdo con los testimonios recopilados por la fuerza pública, las menores son sacadas de sus resguardos y comunidades en sectores como Pueblo Rico, Guarato y Yuto.
Los criminales aprovechan la extrema pobreza de la región y utilizan amenazas contra las familias para forzar la entrega de las niñas, por quienes cobran sumas que oscilan entre 1 y 5 millones de pesos. Esta práctica sistemática ha sido identificada especialmente en zonas de tránsito donde la vigilancia estatal es limitada por el control territorial de los grupos armados.
A este panorama de explotación se suma la crisis humanitaria provocada por el paro armado indefinido decretado por el ELN en el Bajo Baudó desde el pasado 17 de marzo. Según la Defensoría del Pueblo, esta medida mantiene confinadas a más de 6.000 personas de 16 comunidades afro y 9 indígenas, prohibiendo la pesca, el transporte y el acceso a servicios básicos.
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La entidad advirtió que el control social de los violentos restringe gravemente la autonomía reproductiva y el acceso a la salud de las mujeres y niñas en estas zonas de conflicto.
Informes de organizaciones como el Cinep refuerzan estas denuncias, describiendo cómo los cabecillas de estas estructuras ven a las menores como "objetos" de su propiedad, llegando a confinarlas en viviendas vigiladas bajo un régimen de servidumbre.
Pese a las alertas tempranas emitidas por organismos de derechos humanos, el silencio impera en las comunidades debido al temor a represalias, mientras las redes de trata continúan operando ante la mirada de las autoridades en las periferias del departamento.
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