Denuncian presuntas irregularidades en contrato de recaudo del Megabús en Pereira

La Red de Veedurías de Colombia denunció un presunto caso de corrupción en la operación del sistema de transporte masivo Megabús en Pereira, señalando que el contrato de concesión del servicio de recaudo ha sido prorrogado de forma reiterada sin la realización de una licitación pública. Según la organización, esta práctica podría infringir la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal en Colombia.

En un comunicado dirigido a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, la Red solicitó abrir una investigación formal sobre las renovaciones al contrato con Recaudos Integrados S.A.S., empresa que sigue operando el sistema pese a que, según los denunciantes, el contrato original venció hace varios años. “Se está entregando a dedo una prórroga millonaria del contrato, sin competencia ni transparencia”, afirmó Pablo Bustos, presidente de la entidad.

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El Megabús, principal sistema de transporte público de Pereira, atiende diariamente a miles de ciudadanos. Por ello, desde la Red de Veedurías subrayan que cualquier irregularidad en su operación afecta directamente la calidad del servicio y la confianza ciudadana en las instituciones. Bustos hizo un llamado a los entes de control para que se garantice un nuevo proceso licitatorio abierto y equitativo.

La organización argumenta que mantener el mismo operador sin convocar a una nueva licitación limita la competencia y podría beneficiar intereses particulares. También advirtió sobre el riesgo de daño patrimonial y el incumplimiento de los principios de transparencia y objetividad en la contratación pública. Según la Red, el proceso debía haberse renovado desde la administración municipal anterior.

Frente a una posible nueva prórroga del contrato, la Red de Veedurías anunció que hará seguimiento riguroso a las decisiones que tome la administración local. En caso de que no se convoque una licitación conforme a la ley, se notificará a las autoridades competentes para evitar nuevas irregularidades. “No puede seguirse postergando un proceso que debería estar abierto a todos los proponentes”, señaló Bustos.

Este caso se suma al debate nacional sobre el manejo de los contratos públicos en sectores estratégicos como el transporte. En un contexto de creciente preocupación ciudadana por la corrupción, las denuncias ponen a prueba la capacidad de respuesta de los entes de control para garantizar procesos transparentes en la gestión de los recursos públicos.

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