Defensoría alerta por menores que se autolesionan para evitar el reclutamiento forzado en el Pacífico

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que algunos niños y adolescentes del litoral Pacífico estarían recurriendo a las autolesiones por temor a ser reclutados por grupos armados ilegales. La funcionaria también alertó sobre el aumento de los suicidios y los intentos de suicidio entre jóvenes de esta región, donde la violencia y las amenazas contra las comunidades están afectando la salud mental de la población.

Según la Defensoría del Pueblo, el riesgo de reclutamiento forzado se ha convertido en uno de los factores que inciden en esta situación. La entidad identificó casos en los que menores de edad estarían haciéndose daño como una forma de intentar evitar su incorporación a organizaciones armadas que operan en sus territorios.

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Marín explicó que las afectaciones a la salud mental de los jóvenes también están relacionadas con la violencia de género, el racismo estructural y la exposición permanente a los grupos armados. Estas circunstancias forman parte de las alertas de la entidad sobre las condiciones que enfrentan niños y adolescentes en las comunidades del Pacífico colombiano.

El temor al reclutamiento también está provocando la salida de familias de sus lugares de residencia. De acuerdo con la defensora, algunos padres han optado por trasladar a sus hijos a otras zonas para protegerlos de las organizaciones ilegales, una situación que está llevando a que determinadas comunidades comiencen a quedarse sin población infantil.

La funcionaria señaló que el desplazamiento por estas amenazas no afecta únicamente a los menores de edad. Jóvenes de hasta 28 años también están abandonando sus hogares ante el riesgo de verse involucrados en el conflicto armado.

La salida de niños, adolescentes y jóvenes de sus comunidades implica la interrupción de sus proyectos de vida y la separación de sus entornos familiares y sociales. Ante este panorama, la Defensoría solicitó fortalecer el acompañamiento institucional y adoptar medidas dirigidas a prevenir el reclutamiento y atender las afectaciones psicológicas asociadas con la violencia.

De manera paralela, Marín expresó su preocupación por la muerte de menores de edad durante operaciones militares contra organizaciones armadas ilegales. La defensora pidió al Gobierno nacional revisar las medidas de precaución aplicadas en los bombardeos, particularmente en territorios donde existe el riesgo de que niños y adolescentes se encuentren en las zonas atacadas.

La funcionaria mencionó específicamente las regiones del Catatumbo, Cauca y Guaviare, donde considera previsible la presencia de menores de edad en lugares identificados como objetivos militares. Por esta razón, solicitó evaluar alternativas operacionales que permitan enfrentar a los grupos armados sin exponer a los niños y adolescentes a consecuencias mortales.

“El Estado debe tomar unas medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad, y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos”, manifestó Marín al referirse a los riesgos de estas acciones militares.

La defensora recordó que los niños y adolescentes reclutados por organizaciones ilegales mantienen su condición de víctimas del conflicto armado. En consecuencia, insistió en que su presencia dentro de las estructuras armadas debe tenerse en cuenta al momento de planificar y ejecutar operaciones militares.

Asimismo, responsabilizó al frente 33 y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento de menores de edad, una práctica que constituye un crimen de guerra. Marín exigió a estas organizaciones detener su vinculación a las hostilidades y reiteró la obligación de proteger a quienes han sido incorporados a sus filas.

En sus advertencias, la funcionaria cuestionó que las muertes de niños y adolescentes durante bombardeos puedan llegar a asumirse como consecuencias habituales de las operaciones contra los grupos ilegales. Por ello, reclamó mayores medidas de protección y una evaluación de los procedimientos militares cuando exista la posibilidad de que haya menores de edad en las áreas de intervención.

La Defensoría también pidió reforzar las acciones institucionales en el litoral Pacífico para atender a los jóvenes expuestos a amenazas de reclutamiento, desplazamiento y afectaciones a su salud mental.

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