Gobierno radica proyecto de sometimiento a la justicia

El Gobierno nacional radicó este martes 13 de octubre ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, una iniciativa que busca establecer reglas para que integrantes de organizaciones armadas ilegales abandonen las armas y se incorporen a la legalidad, sin que esto implique reconocerles estatus político.

La propuesta fue presentada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara.

Lea también (Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón)

Cancino explicó que el mecanismo tendrá un carácter estrictamente jurídico y que uno de los requisitos de la propuesta es que los interlocutores de las estructuras ilegales sean abogados.

“No es una negociación política. Por esa razón, el interlocutor con el Gobierno de los grupos armados o terroristas tiene que ser abogado”, afirmó el ministro.

Uno de los puntos centrales del proyecto son las rebajas de penas.

La iniciativa contempla reducciones de hasta el 50% para quienes cumplan las condiciones previstas y realicen aportes verificables y de hasta el 30% para quienes hayan ejercido posiciones de liderazgo, sujeta al cumplimiento de los requisitos legales.

También incluye disposiciones dirigidas a colaboradores de organizaciones armadas que hayan participado en delitos económicos como lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito.

El artículo 66B establece: “Transcurrido un año de la ejecución de la pena, suspensión condicional de su ejecución a los colaboradores de los actores armados ilegales que hayan participado de los delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito siempre y cuando entreguen los bienes producto de las acciones ilícitas y se comprometan con medidas verificables de justicia restaurativa”.

Asimismo, la propuesta contempla obligaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, la entrega de menores reclutados, la colaboración con las autoridades judiciales y la contribución a la reparación de las víctimas.

Otro punto establece que los integrantes de las estructuras criminales suministren información sobre sus activos ilícitos y contribuir a la reparación, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.

De igual manera, plantea una intervención integral en los territorios afectados por la violencia, mediante la coordinación entre la Fuerza Pública, la justicia y las entidades encargadas de impulsar programas sociales y alternativas económicas legales.

El proyecto plantea actualizar la Ley 418 de 1997 y establecer un marco jurídico de largo plazo para el sometimiento voluntario de estructuras armadas ilegales.

Tras su radicación, la iniciativa deberá avanzar en el Congreso, donde se debatirán sus alcances, las condiciones de acceso a los beneficios y las garantías para las víctimas.

Otras noticias