Defensoría alerta por aumento de secuestros y violencia en el Cauca

La Defensoría del Pueblo lanzó un nuevo llamado de emergencia ante la acelerada degradación de la seguridad y los Derechos Humanos en el departamento del Cauca. La entidad advirtió que la falta de respuesta de las autoridades frente a los documentos de advertencia técnica ha permitido la consolidación de diferentes riesgos en municipios de la cuenca sur y del norte del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, en un periodo de apenas dos semanas se registraron seis secuestros en el Cauca. Cuatro de las retenciones ilegales ocurrieron en Balboa, mientras que Popayán registró un caso y otro se presentó en el corredor vial entre Santander de Quilichao y Caloto.

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Estas cifras se suman a por lo menos 10 casos de retención arbitraria denunciados antes de finalizar agosto, situación que incrementa la preocupación de las autoridades frente al deterioro de las condiciones de seguridad en diferentes zonas del departamento.

A las retenciones se suman diferentes acciones contra la infraestructura y la economía regional. La Defensoría documentó la activación de una carga explosiva en la sede de la empresa de aseo de Popayán, además de hostigamientos contra la Fuerza Pública y hurtos sistemáticos al transporte de carga en el corredor vial que conecta a Piendamó con la zona de Remolinos, en Nariño.

Uno de los principales puntos de preocupación es la carretera Panamericana, considerada estratégica para la movilidad y la economía del suroccidente del país.

Según la Defensoría, este corredor presenta un alto nivel de vulnerabilidad debido a la presencia e instalación recurrente de artefactos explosivos improvisados por parte de grupos armados al margen de la ley.

La gravedad de esta situación quedó nuevamente evidenciada el pasado 7 de septiembre, cuando un integrante del Ejército Nacional murió tras la detonación de una carga explosiva mientras adelantaba labores de registro y control en la zona.

El hecho se suma a las dificultades que enfrentan las comunidades y los transportadores que utilizan este corredor, debido a las acciones de los grupos armados y los riesgos asociados a la presencia de explosivos.

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