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Cundinamarca reduce los homicidios: 55 muertes violentas menos marcan el balance de seguridad de Jorge Rey
Gestión del mandatario mejora los índices de seguridad en la región.
La reducción de los homicidios se convirtió en uno de los mejores indicadores con los que la administración del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, presenta su balance de seguridad de 2026.
Con corte al 23 de septiembre, las autoridades departamentales reportan 55 muertes violentas menos frente al mismo periodo de 2025, un resultado que la Gobernación atribuye a la coordinación entre las administraciones municipales, la Policía Nacional, los organismos de seguridad y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana.
La cifra adquiere dimensión cuando se observa el mapa operativo de Cundinamarca. No se trata de una sola jurisdicción policial ni de territorios con las mismas características.
El departamento tiene 116 municipios, desde poblaciones rurales y corredores viales hasta grandes centros urbanos integrados a la dinámica de Bogotá.
La Gobernación ha señalado durante 2026 que las condiciones de seguridad varían de un municipio a otro y que esa diferencia obliga a focalizar las acciones de prevención, inteligencia, investigación y control.
El balance más reciente entregado por el gobernador Rey señala que en la jurisdicción del Departamento de Policía Cundinamarca, DECUN, que comprende 92 municipios, los homicidios disminuyeron 2,8 %.
En el Departamento de Policía de la Sabana, DESAB, la reducción reportada alcanza el 14 %, mientras que en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Soacha, MESOA, el descenso llega al 26,4 %.
Al consolidar el comportamiento departamental entre el 1.º de enero y el 23 de septiembre de 2025 y compararlo con el mismo periodo de 2026, la diferencia es de 55 homicidios menos, según las cifras divulgadas por el mandatario departamental.
Los porcentajes entregados ahora amplían una tendencia que ya había sido registrada durante el primer semestre. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno informó que entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 207 homicidios, frente a 190 durante los mismos seis meses de 2026.
Fueron 17 casos menos y una reducción del 8,2 %. La información utilizada por el Observatorio procede de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El comportamiento tampoco comenzó en septiembre. El 23 de abril, el Comité Departamental de Seguridad ya había registrado que los homicidios habían pasado de 125 casos en 2025 a 109 en el periodo equivalente de 2026, una diferencia de 16 casos.
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Para comienzos de julio, otro balance oficial situaba la disminución del homicidio en 9,2 % durante el primer semestre y reportaba, además, una caída del 70 % en el secuestro.
Detrás de los porcentajes hay una estrategia basada en presencia institucional. La administración departamental sostiene que durante 2026 se han desarrollado más de 20.000 acciones de prevención y operatividad que comprenden recorridos, patrullajes, inspecciones, mesas de trabajo, encuentros con comunidades, jornadas informativas y consejos de seguridad.
Son actuaciones distribuidas por municipios con características diferentes y que buscan intervenir antes de que el delito ocurra, pero también mejorar la capacidad de reacción cuando se presentan hechos criminales.
El componente operativo ha ido acompañado por capturas, allanamientos, incautaciones y operaciones contra organizaciones delincuenciales.
Al cierre del primer semestre, el balance oficial registraba más de 6.600 capturas, la incautación de más de 1,8 toneladas de estupefacientes y el retiro de circulación de más de 20.000 elementos entre armas de fuego y armas cortopunzantes.
También habían sido recuperados más de 550 vehículos, 329 motocicletas y más de 300 teléfonos celulares reportados como hurtados.
Para el 2 de agosto, la estrategia departamental denominada “Cundinamarca Tiene Quien La Cuide” reportaba reducciones en 13 de los 18 delitos de mayor impacto evaluados y mantenía otros dos indicadores en cero.
Esa política articula a las unidades DECUN, DESAB y MESOA con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, bajo intervenciones que, según la Gobernación, se diseñan de acuerdo con las condiciones de cada municipio.
Uno de los puntos centrales de la estrategia ha sido precisamente evitar que la seguridad sea tratada como un fenómeno uniforme.
Las dinámicas criminales de Soacha no son necesariamente las mismas de los municipios de la Sabana, ni estas coinciden con las de provincias como Gualivá, Tequendama, Ubaté, Bajo Magdalena, Alto Magdalena u Oriente.
El departamento combina corredores nacionales, áreas industriales, zonas agrícolas, municipios turísticos, territorios rurales y una extensa frontera con Bogotá.
Ese diagnóstico llevó a las autoridades a identificar al menos 20 bandas delincuenciales con operación o incidencia en Cundinamarca y a establecer sus modalidades delictivas y las zonas en las que concentran su actividad.
El propósito anunciado es utilizar esa información para dirigir las capacidades de inteligencia, investigación y Policía hacia los puntos en los que se detecte mayor actividad criminal.
En septiembre, por ejemplo, la Gobernación informó de la captura de 11 presuntos integrantes de “Los Pinchallantas”, estructura investigada por secuestrar y hurtar a conductores principalmente en la vía Mosquera-La Mesa, en inmediaciones de Mondoñedo.
La operación incluyó 12 allanamientos en Bogotá y Soacha. Según las investigaciones citadas por la administración departamental, al grupo le atribuyen nueve hechos que dejaron 21 víctimas y pérdidas cercanas a $750 millones.
La Sabana se convirtió, además, en uno de los escenarios sobre los que las autoridades decidieron incrementar la atención. El 24 de septiembre, un día después del corte utilizado para el nuevo balance de homicidios, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana anunció la concentración de capacidades operativas, investigativas y de inteligencia en Sabana Occidente y Sabana Centro.
Homicidios, microtráfico, préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, riñas y violencia intrafamiliar aparecen entre los fenómenos priorizados.
En esa decisión participaron la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, el CTI, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y autoridades municipales.
La creación y consolidación de una estructura policial específica para la Sabana también forma parte de esa reorganización territorial. El Departamento de Policía de la Sabana fue puesto en funcionamiento con sede en Mosquera y con capacidades operativas y administrativas propias para responder a la transformación urbana, poblacional y empresarial de esa región.
La Gobernación también ha utilizado mecanismos de recompensa como apoyo a la investigación criminal. En abril fueron autorizados $80 millones para reconocer información que permitió avanzar contra organizaciones relacionadas con hurto, extorsión, secuestro y microtráfico en diferentes provincias.
Para el cierre del primer semestre, el monto entregado durante 2026 por información ciudadana superaba los $150 millones, de acuerdo con el balance de la Secretaría de Gobierno.
El resultado sobre homicidios, sin embargo, no elimina los problemas de seguridad que permanecen abiertos. La propia administración departamental ha reconocido que indicadores como el hurto a personas, las amenazas y la extorsión requieren mayores esfuerzos.
El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, general en retiro Luis Fernando Navarro Jiménez, señaló en agosto que el análisis de las cifras debe servir para identificar los territorios en los que es necesario aumentar la intervención institucional y no únicamente para registrar los delitos que presentan reducciones.
Esa lectura explica el siguiente paso planteado por Rey: sostener la disminución del homicidio, determinar dónde se están concentrando los hechos y reforzar las capacidades policiales en esos lugares.
En seguridad, una reducción acumulada durante varios meses no garantiza por sí misma que la tendencia vaya a permanecer hasta finalizar el año. Cada homicidio nuevo modifica el indicador y obliga a revisar las circunstancias en las que ocurrió, los responsables, el territorio y los factores asociados.
El mandatario departamental atribuyó parte del resultado a los alcaldes, responsables de la seguridad y convivencia en sus respectivas jurisdicciones, y a la coordinación de operaciones especiales desde la Secretaría de Gobierno.
También destacó el trabajo de los comandantes de las unidades policiales que intervienen en el territorio y del equipo encabezado por Navarro.
El desafío que deja el balance del 23 de septiembre es, por tanto, convertir una reducción estadística en una tendencia sostenida.
La administración de Jorge Rey llega al último trimestre de 2026 con 55 homicidios menos frente al mismo periodo del año anterior, según el consolidado divulgado por el gobernador, pero también con la tarea de determinar por qué algunos territorios consiguen descensos mayores que otros y dónde deberán ubicarse policías, investigadores y recursos durante los meses siguientes.
La diferencia entre las tres jurisdicciones resulta especialmente reveladora: 2,8 % menos homicidios en DECUN, 14 % menos en DESAB y 26,4 % menos en MESOA.
Son territorios sometidos a dinámicas diferentes y, por esa misma razón, los porcentajes no pueden leerse de manera aislada.
Para la Gobernación, la estrategia consiste precisamente en utilizar esos datos para decidir dónde aumentar patrullajes, controles, inteligencia, investigación criminal y coordinación con los alcaldes.
El antecedente del primer semestre permite observar que la reducción no corresponde únicamente al último corte.
Entre enero y junio, los homicidios habían pasado de 207 a 190, mientras que otros indicadores también descendían: el secuestro se redujo 70 %, de diez casos a tres; los delitos sexuales bajaron 12,8 %, de 951 a 829 registros, y la violencia intrafamiliar disminuyó 2,1 %, de 5.092 a 4.987 casos, de acuerdo con el Observatorio departamental.
Es sobre esa secuencia de cifras donde la administración Rey construye su balance de seguridad: prevención en los municipios, operaciones de Policía y Fuerza Pública, judicialización con la Fiscalía, inteligencia, recompensas, consejos de seguridad y análisis territorial.
La fotografía del 23 de septiembre registra 55 muertes violentas menos que un año atrás. La evaluación definitiva de 2026 llegará al cerrar diciembre, cuando pueda establecerse si la reducción se mantuvo y cuál fue el comportamiento final del homicidio en los 116 municipios de Cundinamarca.
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