Corrupción en el PAE: hallazgos fiscales por $53.117 millones

Durante el año 2025, la Contraloría General de la República realizó 40 actuaciones de control fiscal en todo el territorio nacional frente a los Recursos del Programa de Alimentación Escolar del Presupuesto General de la Nación, territoriales y regalías, en las que determinó hallazgos fiscales por $53.117 millones.

La Contraloría General adelantó auditorías de cumplimiento a 68 Entidades Territoriales Certificadas que representan una cobertura de más del 90% de los recursos del PAE a nivel nacional y el 70% de las ETC (97). Como resultado de estas actuaciones se evidenciaron cuarenta y un (41) hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $24.254 millones.

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Estos resultados se encuentran asociados principalmente a las siguientes causas de daño fiscal, “Sobrecostos” con 22 hallazgos por valor de $18.106 millones (75%), le siguen 12 hallazgos que obedecen a “Pagos sin soportes de ejecución” por cuantía de $2.790 millones (12%), problemas en la “Ejecución contractual” con tres resultados valorados en $2.706 millones (11%) y continúan resultados por “Incumplimiento de lineamientos del Programa” con tres hallazgos tasados en $649 millones (3% de la cuantía fiscal).

La región que presenta la situación más crítica es Centro Oriente, donde se encontraron nueve hallazgos por valor de $12.363 millones.

En Soacha (Cundinamarca) se identificó el hallazgo de mayor incidencia fiscal, $3.550 millones frente a la totalidad del recurso destinado al programa, derivado de la inclusión de valores en la estructura de costos que fueron pagados por el municipio y que superaron los valores efectivamente ejecutados por el contratista.

De los resultados fiscales, también se destaca que durante la vigencia fiscal 2024, el departamento de Boyacá suscribió convenios estandarizados de cofinanciación para la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los ciento veinte (120) municipios, estableciendo lineamientos técnicos y jurídicos, así como un costo promedio por ración que incluía ingredientes y operación logística, con discriminación del pago al personal manipulador.

Tras totalizar las raciones suministradas y compararlas con los soportes de pago a manipuladoras, se identificaron diferencias entre los valores reconocidos y los efectivamente cancelados generando un posible detrimento por $2.010 millones.

En relación con los recursos del Sistema General de Regalías para el PAE en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, y en el municipio de Arauca para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, el ente de control identificó cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones a causa de deficiencias detectadas en todas las etapas del proceso contractual así como en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del programa.

En el departamento de Nariño, se estableció el hallazgo fiscal de mayor cuantía sobre estos recursos, por $23.549 millones, relacionado con el incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE, por deficiencias en la planeación y ausencias de aprobación formal de los ciclos de menú, que constituyen un riesgo para el cumplimiento de los parámetros
nutricionales en las entregas de las raciones.

De otra parte, en el municipio de Arauca, la Contraloría determinó un hallazgo por $3.111 millones sobre las regalías aportadas al PAE, al considerar que una parte de los pagos efectuados no estuvo respaldada por soportes contables, financieros ni técnicos suficientes que demostraran costos reales asociados al cumplimiento del contrato. Asimismo, se identificaron deficiencias en la interventoría y supervisión, lo que impidió ejercer un control efectivo sobre aspectos críticos del componente nutricional y financiero del programa.

En el Marco del Control Social Participativo al desarrollo del PAE, la Contraloría de acuerdo con la información reportada por las Entidades Territoriales Certificadas y UAPA (23 y 30 de enero), se permite alertar sobre la afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 ETC, dado que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026.

Esta situación se presenta en las ETC Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó y Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.

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Ante este panorama, la Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional, nos resta por cobijar cerca de 1 millón 200 mil niños en el país.

Asimismo, hace un llamado urgente a las entidades territoriales y al gobierno Nacional frente a la inoportunidad de la prestación de alimentación escolar para 2026 en algunas regiones del país. Estas situaciones afectan el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo.