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Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal contra alcalde de Malambo, Atlántico

Este proceso se inició por no realizar la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales local al operador de servicios públicos.

Por Juan Sebastián García | Vie, 18/11/2022 - 09:05

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde del municipio de Malambo, Atlántico, Rummenigge Monsalve Álvarez, por no realizar la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales local al operador de servicios públicos, Aguas de Malambo, ni tampoco dar inicio a la operación con el Convenio de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero.

Según la Contraloría, esta situación generó un deterioro de varios componentes y ha llevado a realizar la inversión de más recursos para la puesta en marcha de la PTAR, que al día de hoy no se encuentra en funcionamiento.

De hecho, el municipio de Malambo debía realizar la correspondiente convocatoria para las reparaciones necesarias para el funcionamiento de la planta, ya que era necesario debido al deterioro de la misma.

Para este proyecto se suscribió un contrato que sigue vigente por un valor de $582.948.088,14 Mensuales Legales Vigentes, con inicio del siete de marzo del presente año.

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Ahora bien, ante las denuncias de la comunidad por este proyecto, la Contraloría realizó las correspondientes visitas y evidenció que la infraestructura del sistema de aguas residuales de Malambo, no se encontraba en funcionamiento y tampoco ha sido trasladada a Aguas de Malambo.

“El proyecto no está siendo operado directamente por el ente territorial, por lo cual no presta beneficio alguno a la comunidad, ni cumple con el objeto para el cual fue construido”, indicó la Contraloría.

El proceso de responsabilidad fiscal inició por el traslado de un hallazgo por cuantía de $21.544 millones detectado por la Contraloría para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico al proyecto de construcción anteriormente mencionado.

“Se establecieron igualmente 2 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, que fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, dado que la infraestructura del sistema de aguas residuales no está prestando el servicio para el cual fue construida, no proporciona servicio alguno a la comunidad, ni se cumplió con el objeto contractual”, indicó la Contraloría.

Así mismo, la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda, encontró que el proyecto presenta deterioro por inoperatividad, vandalismo, pérdida de elementos, perforaciones, deformaciones, entre otras falencias.

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