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Consejo de Estado impide a Bogotá desembolsar $492.000 millones en disputa con Fedemunicipios
Organismo confirmó que el Distrito no deberá transferir el 10% de los recursos por multas de tránsito a Fedemunicipios, tras más de dos décadas de disputa judicial.
El Consejo de Estado falló, en segunda instancia, a favor de la Ciudad de Bogotá, en una decisión que representa un ahorro superior a los $492.000 millones de pesos de 2017 para las finanzas distritales.
La controversia jurídica se originó hace más de 20 años, cuando la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) exigió al Distrito la transferencia del 10% de los recursos obtenidos por multas e infracciones de tránsito, basándose en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
Ganó Bogotá.
El Consejo de Estado falló, en segunda instancia, a favor de Bogotá en una decisión que representa un ahorro de más de 492 mil millones a pesos de 2017 para la ciudad.
Gracias al trabajo ejemplar de los equipos jurídicos del Distrito, el alto tribunal confirmó… pic.twitter.com/EDwqGtwxNw— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 10, 2025
"Ganó Bogotá. Gracias al trabajo ejemplar de los equipos jurídicos del Distrito, el Alto Tribunal confirmó que Bogotá no debe transferir a la Federación Colombiana de Municipios el 10% de todos los recursos provenientes de las multas e infracciones de tránsito impuestas en Bogotá", indicó el alcalde Galán.
El Alto Tribunal, sin embargo, confirmó que Bogotá no está obligada a realizar esos pagos, al considerar que la administración distrital recauda directamente dichas multas sin intermediación del sistema nacional administrado por Fedemunicipios.
De acuerdo con la Alcaldía, este resultado es fruto del trabajo conjunto de los equipos jurídicos del Distrito, que defendieron la autonomía financiera de la ciudad y demostraron la improcedencia de las pretensiones de la Federación.
La decisión del Consejo de Estado cierra una larga disputa con importantes implicaciones presupuestales y representa un triunfo jurídico y financiero para Bogotá, que podrá destinar esos recursos al fortalecimiento de la movilidad y otros proyectos en beneficio de los ciudadanos.
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