Camioneros acusan a Petro de incumplir acuerdos del paro y alertan sobre posible colapso

Las bases camioneras de Colombia, firmantes del Acuerdo del 6 de septiembre de 2024 que permitió levantar el Paro Nacional Camionero, enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que denuncian el incumplimiento estructural de los compromisos pactados y advierten sobre un riesgo inminente de colapso del sector transporte.

El documento, dirigido también a la opinión pública nacional e internacional, señala que más de un año después de la firma del acuerdo no se registran avances sustanciales en su implementación. Según el gremio, esta situación compromete la subsistencia de más de 2,5 millones de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad transportadora en el país.

En la comunicación, los camioneros aseguran haber cumplido con los compromisos adquiridos, incluyendo la entrega de información técnica, la participación en mesas de trabajo y el sostenimiento del diálogo institucional. Sin embargo, atribuyen el estancamiento del acuerdo a una falta de articulación entre las entidades del Estado, responsabilidad que señalan directamente al Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas.

De acuerdo con la carta, la ausencia de coordinación institucional ha permitido prácticas ilegales, debilitado la regulación del sector y afectado la gobernabilidad del transporte de carga. Uno de los principales señalamientos se centra en el sistema SICE-TAC, utilizado para calcular los costos del transporte, el cual —según el gremio— estaría siendo manipulado de manera técnica para reducir los valores que reciben los transportadores.

Entre las irregularidades denunciadas se incluyen aumentos injustificados en el número de viajes mensuales estimados, jornadas laborales que superan los límites legales, subestimación de costos reales como combustible y mantenimiento, y parámetros de velocidad que no reflejan las condiciones reales de las vías ni los problemas de seguridad y congestión en corredores estratégicos del país. Estas condiciones, advierten, incrementan la sobreexplotación de los conductores y el riesgo de siniestros viales.

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Otro eje crítico expuesto en la carta es la falta de control y sanción a la ilegalidad. Las bases camioneras denuncian que no se ha conformado el Comité Interinstitucional acordado, lo que ha permitido la persistencia de delitos como evasión tributaria, falsedad documental, descuentos irregulares y abuso de posición dominante. También señalan anomalías en el sector de volquetas y en contratos de infraestructura, donde aseguran que a los transportadores se les paga muy por debajo de los valores facturados en licitaciones públicas.

En materia económica, el gremio cuestiona el papel de los ministerios de Hacienda y de Industria y Comercio, a los que acusa de no participar activamente en las mesas de diálogo, pero sí de adoptar decisiones que afectan al sector. Entre ellas mencionan el incremento del precio del ACPM por encima de lo acordado y la posible imposición de medidas de dumping en la importación de llantas, lo que generaría nuevos sobrecostos.

La carta dedica un apartado especial a la situación del puerto de Buenaventura, donde los camioneros denuncian caos logístico, largas filas sin turnos de descargue y cobros anticipados en dólares, pese a la limitada capacidad operativa. Ante esto, solicitan la aplicación de normas vigentes y una intervención efectiva de las autoridades de control.

Finalmente, las bases camioneras alertan sobre el deterioro de la seguridad. Según el documento, en los últimos tres años y medio han sido asesinados 33 conductores, además de registrarse un aumento de la extorsión, la quema de vehículos y las amenazas contra líderes del sector. El gremio pidió a la Presidencia y a los organismos de derechos humanos medidas inmediatas para proteger la vida y el trabajo de los transportadores, y reiteró que el acuerdo de 2024 constituye un compromiso de Estado jurídicamente vinculante.

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