Banco Agrario: así los beneficiarios de la Agencia Nacional de Tierras, ANT pueden acceder a préstamos baratos

En los territorios donde durante décadas la tierra fue un privilegio y no un derecho, el acceso a un título de propiedad ha comenzado a transformarse en una puerta de entrada a algo aún más determinante: el crédito.

La política de reforma agraria impulsada por el Gobierno nacional no solo busca redistribuir predios, sino garantizar que quienes los reciben puedan hacerlos productivos, y ahí es donde entra el Banco Agrario como brazo financiero de esa transformación.

Una iniciativa que materializó el presidente de la entidad Hernando Chica Zuccardi. De hecho, en los últimos meses, esa articulación entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el sistema financiero rural ha empezado a ejecutarse  en cifras concretas.

Y es que cerca de 3.300 nuevos adjudicatarios de tierra ya han accedido a créditos, con una irrigación de recursos que ronda los 280 mil millones de pesos, en una apuesta por cerrar la brecha histórica entre propiedad rural y acceso a financiación productiva.

El punto de partida es claro: tener tierra ya no es suficiente. Durante años, uno de los principales obstáculos para los campesinos beneficiarios de procesos de adjudicación era la imposibilidad de acceder a crédito formal, debido a la falta de garantías, historial financiero o respaldo patrimonial.

Ese círculo se rompe parcialmente con la intervención del Estado a través de instrumentos como las líneas especiales de crédito y los esquemas de garantía.

El Banco Agrario, como entidad financiera estatal enfocada en el desarrollo rural, ha sido el encargado de canalizar estos recursos hacia quienes reciben tierras en el marco de la reforma.

Su papel no es menor: históricamente ha sido la única institución con presencia en zonas donde la banca privada no opera, precisamente por su misión de financiar actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales en todo el país

La clave del modelo actual está en la combinación de subsidios, garantías y líneas de crédito diseñadas específicamente para el campo.

A través de mecanismos como la Línea Especial de Crédito (LEC) de Reforma Agraria, el Gobierno subsidia parte de la tasa de interés y ofrece periodos de gracia, lo que reduce significativamente el costo del financiamiento para pequeños productores.

En algunos casos, incluso se permite financiar hasta el 100 % del valor requerido para la compra de tierras o el desarrollo de proyectos productivos, dependiendo de las condiciones del solicitante.

Pero el acceso al crédito no se limita a la compra de predios. También El ABC divulgado por el Banco Agrario los recursos pueden destinarse a una amplia gama de actividades, entre ellas la adecuación de tierras, la compra de insumos, la financiación de proyectos productivos, el pago de estudios técnicos y jurídicos, así como gastos notariales y de registro.

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Esta amplitud responde a una realidad evidente: la tierra sin inversión no produce, y sin producción no hay sostenibilidad económica.

En paralelo, el diseño institucional busca reducir el riesgo para los campesinos. A través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el Estado actúa como fiador de los créditos, respaldando una parte significativa de las obligaciones financieras y eliminando una de las principales barreras de acceso al sistema bancario.

Este esquema permite que personas sin historial crediticio o sin activos adicionales puedan acceder a financiación formal.

La estrategia se complementa con programas como “Sembrando Vida”, impulsado por la ANT, que combina la entrega de tierras con la cofinanciación de proyectos productivos.

En estos casos, la Agencia puede cubrir hasta el 70 % de la inversión, mientras que el porcentaje restante puede ser financiado mediante crédito en condiciones subsidiadas.

El resultado es un modelo híbrido en el que subsidio y crédito se articulan para impulsar la productividad rural.

La lista para acceder a los créditos incluye a pequeños productores, campesinos beneficiarios de adjudicación de tierras, mujeres rurales, comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y esquemas asociativos, entre otros.

Es decir, los mismos sectores históricamente excluidos del acceso tanto a la tierra como al crédito.

El proceso, según el esquema establecido, inicia con la solicitud del crédito ante el Banco Agrario.

La entidad evalúa la viabilidad del proyecto y, en caso de aprobación, gestiona los recursos ante Finagro, que actúa como banca de segundo piso.

Posteriormente, los fondos son desembolsados al productor, quien adquiere la obligación de cumplir con los pagos en condiciones preferenciales.

Más allá de los procedimientos técnicos, lo que está en juego es un cambio estructural en la política agraria del país.

Durante décadas, la entrega de tierras no estuvo acompañada de instrumentos financieros suficientes, lo que llevó a que muchos beneficiarios no lograran sostener sus proyectos productivos.

El modelo actual intenta corregir esa falla histórica, integrando acceso a tierra, crédito y asistencia productiva en una misma estrategia.

Sin embargo, el reto sigue siendo enorme. La cobertura aún es limitada frente al universo total de campesinos sin tierra o con acceso precario a financiamiento.

Además, la sostenibilidad de los proyectos dependerá no solo del crédito, sino de factores como infraestructura, comercialización y acompañamiento técnico.

Aun así, la cifra de más de 280 mil millones de pesos colocados entre miles de nuevos propietarios rurales marca un punto de inflexión.

No se trata solo de entregar tierra, sino de convertirla en un activo productivo real. En esa ecuación, el crédito deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta de transformación social en el campo colombiano con un motor principal el Banco Agrario.

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