Alerta temprana por dominio de grupos armados y bandas criminales en Bucaramanga y su Área Metropolitana

La confluencia entre dinámicas del conflicto armado y expresiones de criminalidad organizada urbana configuran un escenario de violencia persistente marcado por la disputa de economías ilegales y la imposición de mecanismos de regulación coercitiva sobre la población en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta (Santander).

Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2026. El escenario de riesgo se fundamenta en la recomposición del mapa de actores violentos, donde estructuras de delincuencia organizada de alto impacto, como ‘Los del Sur’, Los del Norte (o ‘San Rafael’)’, Claverianos’, Villas de Girardot’, ‘La Cordillera’, ‘Los Manchados’, ‘Choricaldas’ y ‘Los Paparotes’, se disputan el control microterritorial.

Bucaramanga y su Área Metropolitana se han consolidado como un punto clave de conexión con rutas hacia el Catatumbo, el sur del Cesar y la frontera con Venezuela, facilitando el tránsito de estupefacientes y armas, así como el lavado de activos, para los grupos armados Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado EGC.

La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias. El accionar violento incluye homicidios de configuración múltiple, como las masacres registradas en el asentamiento Villa Esperanza de Floridablanca y el barrio Ciudad Venecia de Bucaramanga, atribuidas a disputas por el control de expendios de drogas.
 

También preocupa la expansión del mercado de drogas sintéticas o emergentes (como el “tusi” y el MDMA, conocida como éxtasis), distribuidas mediante redes digitales que facilitan su acceso a entornos escolares y recreativos.

Gobernanza criminal

Los grupos ilegales ejercen una fuerte gobernanza criminal fragmentada, imponiendo normas de conducta y restricciones a la movilidad mediante las denominadas “fronteras invisibles” en sectores como Betania, Convivir y
Villanueva.

Esta autoridad impuesta se manifiesta a través de la regulación de las actividades cotidianas desde los puntos de expendio (“ollas”), donde se exige el “permiso de los de la olla” para ingresar a los barrios, debilitando la autoridad legítima de las juntas de acción comunal (JAC).

Otro que está generando riesgo es el ‘Tren de Aragua’, grupo armado transnacional dedicado al sicariato por encargo y al microtráfico. 

Adicionalmente, han sido documentados graves riesgos derivados de la operación delictiva desde los centros penitenciarios (cárceles de Girón y Modelo de Bucaramanga), desde donde son coordinadas extorsiones.

Grupos poblacionales en peligro

El riesgo es especialmente alto para las poblaciones infantil y adolescente, que son instrumentalizadas como “campaneros” o “carritos” para el transporte dendrogas y armas.

Las mujeres, particularmente las trans en el centro de Bucaramanga, enfrentan un riesgo feminicida permanente y violencia basada en género debido al control territorial de estructuras criminales que han destruido sus medios de subsistencia autónomos.

Asimismo, comerciantes y lideresas y líderes sociales son víctimas constantes de extorsión y amenazas por oponerse al orden ilegal impuesto. Las personas funcionarias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) también han sido blanco de retaliaciones y atentados.

Recomendaciones

Ante este panorama de riesgo, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones orientadas a impulsar una respuesta integral en materia de disuasión, prevención y protección desde un enfoque territorial, diferencial y
metropolitano, priorizando intervenciones en comunas, entornos escolares, escenarios deportivos, zonas de retorno y reubicación, plazas de mercado y corredores de conexión entre los municipios del Área Metropolitana.

Es propicio implementar acciones dirigidas a la disuasión e investigación de los factores de amenaza, la mitigación de las vulnerabilidades detectadas, la prevención de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario (DIH), la protección diferencial de las poblaciones en riesgo, así como al fortalecimiento de las capacidades institucionales y la desarticulación de las rentas criminales.

Las recomendaciones están dirigidas a los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros entes.

Las Alertas Tempranas emitidas por la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, libertad e integridad de las comunidades.

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