Alerta temprana en Briceño, Antioquia por conflicto armado emite la Defensoría del Pueblo

La exacerbación de la confrontación armada, la cual afecta el casco urbano del municipio de Briceño (Antioquia), así como sus corregimientos Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón, derivó en la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 019 de 2025.

El riesgo identificado por la Defensoría del Pueblo se debe, como primer escenario, a la disputa permanente entre el Frente 36 —del Bloque Magdalena Medio, adscrito al disidente Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF)— y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos —formado en 2025 a partir de una división del disidente Frente 18 de las
extintas Farc—.

El segundo escenario se da por la disputa entre el Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

No se descarta que estas confrontaciones puedan agudizarse tras la reciente salida del Frente 18 del EMBF y su adhesión al llamado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), grupo disidente que obedece a ‘Iván Mordisco’.

Y es que Briceño es un punto estratégico para el control de la movilidad y la captación de rentas ilícitas, provenientes de la siembra y resiembra de cultivos de uso ilícito y la explotación minera ilegal.

Consecuencias humanitarias y gobernanza armada

La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias. Hasta septiembre del 2025, han sido registrados diez homicidios, todos de jóvenes (hombres) entre 17 y 28 años.

El accionar violento ha provocado desplazamientos forzados, incluyendo un desplazamiento masivo de 1.033 familias (2.110 personas) en octubre pasado, luego de que el Frente 36 ordenara a habitantes de la zona rural desplazarse por la inminencia de combates con el EGC.

Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil. Esto se manifiesta a través de la distribución de panfletos con amenazas selectivas e imposición de restricciones a la movilidad y “pautas de comportamiento” tales como la prohibición de circulación nocturna, no salirse de los caminos y la exigencia
de contar con cartas de recomendación de las juntas de acción comunal para ingresar al territorio.

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El Frente 36 ha coaccionado, incluso, a liderazgos comunales para replicar sus instrucciones, exponiéndoles a ser señalados(as) como colaboradores(as) del grupo contrario, de no seguir con las instrucciones recibidas, lo cual aumenta el riesgo de amenazas, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.

Adicionalmente, la entidad ha documentado graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que incluyen ataques contra la asistencia en salud, como el incidente de julio de este año, en el que integrantes del Frente 18 detuvieron una ambulancia y agredieron a un paciente herido.

La contaminación del territorio por la siembra de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, utilizados por el Frente 36 como mecanismo de control territorial, representa un alto riesgo para la vida de las personas civiles, de manera preocupante para las comunidades que han retornado a sus veredas.

Poblaciones en riesgo

El riesgo es particularmente alto para las infancias y adolescencias, que representan más de una tercera parte de la población. Están expuestas a la vinculación ilícita (reclutamiento y utilización), pues el Frente 36 utiliza tácticas de manipulación emocional y promueve un “estilo de vida armado”. La desescolarización agrava esta vulnerabilidad.

Las mujeres también están en riesgo de ser señaladas, estigmatizadas y violentadas, sobre todo si trabajan en establecimientos frecuentados por los grupos armados al margen de la ley. Han sido acusadas de ser colaboradoras de otros grupos.

Docentes han sido amenazados(as), al parecer por el Frente 36, que los estaría obligando a abandonar el municipio, situación que está afectando la prestación del servicio educativo.

Recomendaciones hechas por la Defensoría

Ante este panorama de peligro, la Defensoría del Pueblo les formula 18 recomendaciones, con la emisión de su ATI 019-25, a diversas entidades del orden nacional y territorial, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma), Unidad
Nacional de Protección (UNP), Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gobernación de Antioquia, entre otras.

Es clave que implementen acciones de reacción bajo una perspectiva de derechos humanos, DIH y seguridad humana.

Las recomendaciones están orientadas a impulsar una respuesta rápida en disuasión de la violencia, prevención urgente, protección (especialmente para niñas, niños y lideresas y líderes sociales), acción humanitaria (atención al desplazamiento masivo) y acceso a la justicia, para que sean investigados los delitos cometidos por los actores armados no estatales que tienen azotado a Briceño.

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