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Alerta por confrontación armada entre la Segunda Marquetalia y el ELN en Vichada
La Alerta 015 de 2025 advierte un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos y desplazamientos forzados en cuatro municipios del departamento tras la ruptura de una alianza entre los dos grupos ilegales.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 015 de 2025 para el departamento del Vichada, ante el incremento de enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de la ruptura de una alianza armada que ambas estructuras sostuvieron durante dos años.
La alerta, que se focaliza en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, advierte sobre graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en un contexto de disputa por el control de rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de minerales como el oro y el coltán.
De acuerdo con la Defensoría, la confrontación entre el Frente 53 “Édison Romaña” de la Segunda Marquetalia y el Frente “José Daniel Pérez Carrero” del ELN ha generado una escalada de violencia letal, confinamientos, desplazamientos forzados y el uso de drones con explosivos. También se ha evidenciado la instrumentalización de comunidades indígenas y campesinas en labores logísticas.
El organismo de control alertó, además, sobre el riesgo de que otras organizaciones armadas, como el Nuevo Estado Mayor Central, el Erpac y el Ejército Gaitanista de Colombia, se involucren en el conflicto, lo que podría agravar la situación humanitaria.
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En la Alerta 015, la Defensoría detalla los puntos críticos donde la población enfrenta mayor vulnerabilidad, entre ellos las zonas rurales de Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño, así como varios resguardos indígenas ubicados en los cuatro municipios.
Ante el escenario de riesgo inminente, la entidad formuló 18 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionales y territoriales, incluyendo los ministerios del Interior, Defensa y Minas y Energía, la Gobernación del Vichada, las alcaldías locales, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y la Unidad para las Víctimas.
El documento insta a activar de inmediato mecanismos de prevención, protección y respuesta rápida, con enfoque de seguridad humana, priorizando la atención a comunidades étnicas, líderes sociales, firmantes de paz, mujeres y menores de edad que habitan en las zonas más afectadas.
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