Alerta por conflicto en el sur de Bolivar: cuatro municipios en riesgo

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 003 de 2026 para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en el sur del departamento de Bolívar, debido a la confluencia y confrontación de estructuras armadas ilegales que disputan el control del corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca.

En este corredor, clave para la movilidad y la logística de las economías ilícitas, se está registrando una afectación humanitaria creciente sobre la vida cotidiana de las comunidades, marcada por el miedo, la regulación armada y restricciones a la movilidad.

El escenario de riesgo se configura por la disputa de rentas asociadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en un contexto agravado por la suspensión del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas —retaguardia histórica— y, paralelamente, en la expansión del
autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras.

De manera particular, la Defensoría ha advertido la incidencia del Bloque Arístides Manuel Mesa Páez - subestructura Frente Erlin Pino Duarte (del EGC) y del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y subestructura Luis José Solano Sepúlveda (del ELN), además de la presencia de grupos disidentes de las extintas Farc. Esto aumenta el riesgo de confrontaciones recurrentes y represalias contra la población civil.

Hechos violentos

Entre los hechos que sustentan la inminencia, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles.

En su trabajo de seguimiento, la entidad registró un accidente con minas antipersonal, como el que le costó la vida a una persona en el Paraíso, jurisdicción de Montecristo, en julio del 2025. También identificó otro evento con el mismo tipo de elemento explosivo,el cual dejó una víctima mortal y cinco personas heridas en la vereda Altos de las Brujas, del mismo municipio, un mes después.

En octubre del mismo año, hubo ataques con dron (cargado de explosivos) que impactaron una cancha de fútbol y una vivienda en otra parte de su zona rural.

Adicionalmente, fueron reportados confinamientos masivos: más de 3.205 familias en 23 comunidades rurales de Montecristo, y secuestros y prácticas de trabajo forzado, que incluyen la coacción a miembros de la comunidad para trasladar personas que quedaron heridas, o los cuerpos de quienes murieron, en combates.

Ha habido homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados, como un ataque en el corregimiento Caimital, de Río Viejo, que dejó un menor de edad herido, en medio de amenazas y listas de personas marcadas como objetivos.

En el caserío La Sábana, de Norosí, hubo un secuestro. En otro corregimiento del mismo municipio, en Buena Seña, dos pobladores fueron torturados y ultimados a bala, al parecer, a manos de integrantes
del ELN.

Control social y riesgo para menores de edad

La ATI advierte, además, un endurecimiento del control social por parte de los actores armados: instrumentalización de algunas juntas de acción comunal (JAC), estigmatización, amenazas a liderazgos sociales y comunitarios y servidoras(es) públicos, e imposición de reglas de conducta bajo presión.

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De forma particular, el riesgo es crítico para niñas, niños y adolescentes (NNA), expuestos a reclutamiento, uso y utilización, así como a violencias basadas en género, incluida violencia sexual, en un entorno donde el temor y el dominio armado dificultan la activación oportuna de rutas institucionales.

A ello se suma el impacto sobre la educación rural a causa de amenazas que han derivado en desplazamiento de docentes e interrupciones del servicio educativo en sectores de Norosí y Montecristo.

Acciones coordinadas y urgentes

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI un total de 18 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales, con el objetivo de que haya una respuesta rápida, coordinada y con enfoque de seguridad humana.

Por ello, considera importante convocar con urgencia una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), del Ministerio del Interior. Igualmente, estima fundamental reforzar las medidas de protección y control territorial en cabeceras municipales y corredores rurales priorizados, poner en marcha acciones tecnológicas para prevenir y mitigar ataques con drones.

Asimismo, asegura que es primordial fortalecer los subcomités de prevención y protección, adoptar medidas específicas que permitan proteger integralmente a NNA y emprender acciones urgentes de demarcación y educación en riesgo de minas antipersonal, priorizando la atención y asistencia humanitaria a víctimas.

A los actores armados, la Defensoría los llama a respetar estrictamente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, pilares del derecho internacional humanitario (DIH), y a cesar de forma inmediata las conductas que ponen en grave riesgo a las comunidades.

La entidad le hará un seguimiento permanente a la implementación de las recomendaciones, con la finalidad de que sea prevenido el aumento de la violencia y nuevas afectaciones humanitarias en el territorio.

Un trabajo decidido, inmediato y articulado de las instituciones concernidas contribuirá a salvaguardar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la población civil en el sur del departamento de Bolívar.

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