Por casi 21 mil secuestros las FARC deberán responder ante la JEP

Por Jenniffer Castañeda | Dom, 31/01/2021 - 09:26

Entre los imputados se encuentra el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, así como los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo. 

Secuestro en Colombia
Foto: Radio Santafe

Así lo publica el diario El Tiempo, señalando que bajo el nombre de ‘Retenciones ilegales de personas por parte de las Farc’ que cambió su nombre a ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, que es el primer paso para que se tomen decisiones judiciales de fondo contra los exjefes de las Farc que tuvieron responsabilidad en esa tipo de práctica extorsiva. 

El documento  escrito de 322 páginas, fue revelado por la Sala y detalla cómo funcionaba el secuestro como el auto de determinación realizado por los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El documento determinó que los miembros de las  ex-Farc serán procesados como responsables de crímenes de guerra (de toma de rehenes) y crímenes de lesa humanidad (de privaciones graves a la libertad)

Junto con Rodrigo Londoño, así como los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo, estarían también Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra y Juan Hermilo Cabrera, quien falleció el miércoles, horas antes de que la JEP diera a conocer el auto.

El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción en entrevista para El Tiempo comentó: “Lo que ha mostrado la JEP con esta decisión es que, si la dejan trabajar, los resultados en términos de verdad y justicia van a ser impresionantes”. 

El total de personas secuestradas fue 21.396, cifra que menciona la JEP en el documento, tras escuchar a 38 versiones individuales, 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes, los testimonios de las 2.456 víctimas acreditadas  y 1.028 observaciones reportadas.

A su vez destacan que del total de personas secuestradas 1.860 personas están reportadas como víctimas de desaparición forzada, y otras 627, como asesinadas. Además, de los 1.480 hechos reportados por las víctimas acreditadas, 38 incluyen violencia sexual de manera explícita, con y sin acceso carnal durante el cautiverio.

Tras esta determinación, los miembros del secretariado recibieron el escrito el miércoles, y tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar lo que se les imputa. En ese plazo, las víctimas acreditadas y la Procuraduría también se pueden pronunciar.

A partir de esto se abren dos escenarios: el primero es que los ex-Farc reconozcan los crímenes y aporten verdad plena, en tal caso la JEP programaría una audiencia de reconocimiento cuya sanción sería de 5 a 8 años de restricción en establecimientos no carcelarios y  entre 2 y 5 años de sanción para quienes hayan tenido una participación no determinante en el delito, lo cual no incluye a los jefes guerrilleros. 

El segundo caso, es si niegan su responsabilidad  el caso se remite a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que tiene hasta 12 meses para indagar el caso y definir lo que sigue. En este caso se inician juicios como se realiza en la justicia ordinaria.