Wadith Manzur renuncia a la Comisión de Acusación en medio del proceso judicial por el caso Ungrd

El representante a la Cámara Wadith Manzur, integrante del Partido Conservador y recientemente elegido senador en los comicios legislativos del 8 de marzo con 134.914 votos, presentó su renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La decisión se produce mientras permanece privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Manzur se encuentra recluido desde marzo en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, luego de que el alto tribunal le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La misma determinación cobijó a la representante Karen Manrique, también vinculada al proceso.

En una carta dirigida a la corporación, el congresista explicó que su renuncia busca “facilitar la adecuada organización interna” de la Cámara de Representantes.

En el documento, dejó constancia de que el espacio que ocupaba queda disponible para ser asignado a otro miembro del Partido Conservador, conforme a los acuerdos de representación política vigentes.

Además, agradeció la confianza depositada durante el tiempo en que ejerció funciones en esa comisión, encargada de investigar a altos dignatarios del Estado.

La decisión de Manzur ocurre en un momento crítico del proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia, que indaga un presunto entramado de corrupción relacionado con la asignación de contratos financiados a través de la Ungrd.

Según la investigación, varios congresistas habrían intervenido en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para emitir conceptos favorables a operaciones de endeudamiento del Ministerio de Hacienda, a cambio de la adjudicación de proyectos en sus regiones.

De acuerdo con la ponencia de más de mil páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y diciembre de 2023.

Los proyectos objeto de presunta negociación estaban dirigidos a los municipios de Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca; y Carmen de Bolívar, en Bolívar, por un valor cercano a los 92.000 millones de pesos.

Dentro del material probatorio que sustenta el expediente figuran conversaciones entre Manzur y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien colabora con la justicia en virtud de un principio de oportunidad suscrito con la Fiscalía General de la Nación.

En uno de los intercambios, fechado el 11 de octubre de 2023, el congresista manifestó su interés en hablar con el entonces ministro Ricardo Bonilla y advirtió sobre posibles consecuencias en el trámite de decisiones legislativas si no se atendían sus requerimientos.

Para la Corte Suprema, el contenido de esos mensajes refleja una expectativa frente a la gestión de recursos y sugiere la posibilidad de condicionar actuaciones en escenarios institucionales.

Estas interpretaciones se suman a otros elementos de prueba recaudados durante la investigación.

El caso también se apoya en los testimonios de tres figuras clave: Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad; y la propia Benavides.

Los tres han entregado información a las autoridades a cambio de beneficios judiciales. Según las declaraciones conocidas, la representante Karen Manrique habría tenido un papel activo en la promoción de proyectos específicos.

López aseguró ante la Fiscalía que la congresista acudió a su oficina para detallar las iniciativas que debían ser priorizadas, indicando municipios y posibles beneficiarios.

Este proceso hace parte de un escándalo de mayor alcance que ha puesto bajo escrutinio el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país.

La Ungrd, entidad encargada de coordinar estas acciones, ha sido objeto de múltiples investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación durante el último año.

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