Revés judicial para la reforma agraria: tribunal anuló venta de finca entregada a campesinos en Cesar

El Tribunal Superior de Barranquilla anuló la venta de la finca La América, ubicada en Chimichagua (Cesar), que en noviembre de 2024 había sido entregada por el presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a más de 100 familias campesinas. La decisión judicial establece que el predio deberá regresar al Fondo de Reparación de Víctimas, al comprobarse que estaba bajo embargo desde 2023.

La Sala de Justicia y Paz concluyó que la operación no tenía validez legal, debido a que los bienes embargados requieren autorización expresa de un juez para ser transferidos. Según el fallo, en este caso no existía tal autorización y, por tanto, la transacción era nula. La medida supone un golpe para la política agraria del Gobierno, que había destacado la entrega como un avance en la redistribución de tierras.

La finca, de 1.453 hectáreas y avaluada en más de 26.000 millones de pesos, está vinculada a expropietarios con nexos probados con estructuras paramilitares. La Fiscalía había solicitado medidas cautelares sobre el terreno en 2023, incluyendo embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición, lo que impedía cualquier tipo de negociación.

A pesar de esas restricciones, en enero de 2025 la Unidad para las Víctimas transfirió el predio a la ANT mediante la figura de “enajenación temprana”. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría cuestionaron la operación, argumentando que violaba la normatividad de Justicia y Paz y debilitaba los recursos del Fondo de Reparación de Víctimas, que actualmente enfrenta un déficit superior a los 4,3 billones de pesos.

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El Gobierno, por su parte, había defendido la legalidad de la transacción bajo disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo de 2023 y normas sobre bienes afectados por el conflicto. Sin embargo, el tribunal concluyó que dichas disposiciones no aplicaban a un bien embargado y que, en todo caso, la norma había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Con el fallo, la finca La América queda nuevamente bajo la administración de la Unidad de Víctimas. El tribunal ordenó remitir copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que adelanten investigaciones que determinen si hubo irregularidades en el proceso y si funcionarios públicos o particulares incurrieron en responsabilidades legales o disciplinarias.

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