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Procuraduría suspendió a nueve concejales de Ipiales por sesionar fuera de la sede oficial
Sanción en fallo de primera instancia tras determinar irregularidades en la aprobación de proyectos de acuerdo durante una sesión realizada en el corregimiento de La Victoria.
La Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo a nueve concejales de Ipiales por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con sesiones realizadas fuera de la sede legalmente establecida para el Concejo municipal.
La decisión fue adoptada en un fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto y podrá ser apelada por los sancionados.
Según el organismo de control, los hechos ocurrieron el 29 de febrero de 2024, cuando los concejales sesionaron en el corregimiento de La Victoria, jurisdicción de Ipiales, donde debatieron y aprobaron varios proyectos de acuerdo municipal.
Entre las iniciativas aprobadas durante esa jornada estuvo el Acuerdo Municipal 002 de 2024, relacionado con el reconocimiento y pago de honorarios para integrantes de las Juntas de Acción Local (JAL), además de la actualización de la escala de viáticos del alcalde y los concejales del municipio.
Tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que los cabildantes infringieron normas del Código General Disciplinario y vulneraron principios de legalidad y moralidad administrativa en el ejercicio de sus funciones públicas.
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La sanción de cuatro meses de suspensión cobija a los concejales David Fernando Almeida Paredes, William Orlando Benavides Rosero, Iván Darío Chalaca Díaz, Adrián Alberto Guerrero Romero, Carlos Alberto Hualpa, Raúl Lizandro Malpud, Franco Mauricio Portillo Paredes y Edmar Antonio Rosero Estupiñán.
En el caso de Miguel Alejandro Huertas Erazo, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como presidente del Concejo de Ipiales, la Procuraduría impuso una suspensión de seis meses.
No obstante, debido a que el funcionario renunció a su cargo, la sanción fue convertida en una multa cercana a los 26 millones de pesos.
“La actuación de los concejales desconoció los principios que rigen la función pública”, señaló el Ministerio Público en su decisión disciplinaria.
El fallo aún no queda en firme y podrá ser revisado en segunda instancia.
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