Primera imagen del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump marca el inicio del deshielo diplomático

La primera fotografía oficial del encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra a ambos mandatarios estrechándose la mano en un pasillo luminoso del complejo presidencial, flanqueados por asesores y rodeados de retratos enmarcados en dorado.

Es una escena breve, casi protocolaria, pero cargada de simbolismo: hasta hace apenas unas semanas, los dos jefes de Estado se cruzaban acusaciones públicas, amenazas de sanciones y referencias personales poco habituales entre socios históricos.

La reunión de este martes en la Casa Blanca es la primera cara a cara entre Petro y Trump desde que el republicano regresó al poder y marca un punto de inflexión en una relación que venía en caída libre desde comienzos de 2025, cuando estalló la crisis por los vuelos de deportados colombianos.

En enero de ese año, la Casa Blanca anunció la llegada de aviones militares con migrantes expulsados de Estados Unidos.

El gobierno colombiano, que inicialmente había dado su aval, ordenó de último minuto bloquear el ingreso de las aeronaves, alegando que los deportados estaban siendo tratados como criminales.

La respuesta de Washington fue inmediata: tarifas de emergencia del 25% a todos los productos colombianos con la amenaza de subirlas al 50%, endurecimiento de visados y controles migratorios reforzados para ciudadanos colombianos.

Esa primera crisis se conjuró en cuestión de horas con un acuerdo para aceptar las deportaciones en vuelos militares y levantar gradualmente las sanciones comerciales, pero dejó heridas abiertas.

A partir de entonces, la administración Trump comenzó a endurecer su discurso frente a Bogotá, poniendo en duda la cooperación antidrogas del gobierno Petro y amenazando con nuevas medidas si no veía resultados en reducción de cultivos de coca y aumento de incautaciones.

El tono escaló aún más en enero de 2026, después de la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

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Petro calificó los ataques como un bombardeo que violaba la soberanía venezolana y pidió una respuesta multilateral de la comunidad internacional.

Trump, por su parte, respondió con declaraciones en las que acusó al mandatario colombiano de tolerar “fábricas de cocaína” y llegó a describirlo como “un hombre enfermo” que “le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”.

En medio de ese intercambio, Washington incluyó a Petro y a varios integrantes de su círculo cercano en un paquete de sanciones financieras y migratorias, que en la práctica significaron la revocatoria de su visa y la inclusión en listas de vigilancia similares a la llamada Lista Clinton.

Era el punto más bajo en décadas de una relación tradicionalmente descrita como “estratégica”.

De la tregua telefónica a la cita en la Casa Blanca

El giro comenzó el 7 de enero de 2026. Ese día, tras semanas de gestiones discretas de ambas cancillerías y de presiones de sectores empresariales preocupados por el impacto de la confrontación, se produjo una llamada telefónica entre los dos presidentes.

Según las versiones recogidas por agencias internacionales y medios colombianos, el tono fue más pragmático que cordial, pero abrió una ventana.

En esa conversación, Petro se comprometió a mostrar resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico —incluida la posibilidad de retomar herramientas como la aspersión aérea en zonas críticas— y a normalizar los vuelos con deportados bajo protocolos reforzados de respeto a los derechos humanos. A cambio, pidió revisar el alcance de las sanciones y reencauzar la relación sobre la base de la cooperación y no de la amenaza.

Cómo ejemplo de país “rebeldizado” frente a la política migratoria y antidrogas de su gobierno, aceptó la propuesta y publicó luego un mensaje en el que dijo “apreciar el tono de la llamada” y “esperar un encuentro en el futuro cercano”.

Esa frase fue el punto de partida para la invitación formal a la Casa Blanca, oficializada a finales de enero.

En paralelo, Bogotá empezó a mover sus fichas: se intensificaron las incautaciones de cocaína reportadas a las agencias estadounidenses, se enviaron delegaciones técnicas a Washington para actualizar los mecanismos de cooperación y se perfiló una agenda en la que Colombia no solo llegaría a defenderse de las acusaciones, sino a plantear su visión sobre transición energética, paz territorial y migración regional.

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