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Policía estrena el primer manual que regula el uso de armas de fuego en Colombia: qué podrán usar y qué no
Expedición de una norma que causa controversia.
El Estado colombiano decidió poner por escrito, con carácter obligatorio y alcance nacional, una de las discusiones más sensibles dentro de la seguridad pública: cuándo, cómo y bajo qué condiciones un policía puede disparar su arma de fuego.
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 01319 de 2026, expedida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, un documento que por primera vez crea un manual exclusivo para regular el empleo de armas de fuego por parte de uniformados en Colombia.
La medida representa un giro institucional en medio de años de cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza, denuncias de organizaciones de derechos humanos y episodios que marcaron la memoria reciente del país, especialmente durante protestas sociales y operativos policiales que terminaron con civiles muertos o heridos.
El nuevo instrumento fija reglas operacionales, establece límites precisos y obliga a los uniformados a cumplir protocolos antes, durante y después de accionar un arma.
Aunque Colombia ya contaba con reglamentos generales sobre el uso de la fuerza y manuales relacionados con armas menos letales, el país no tenía un documento específico dedicado exclusivamente al empleo de armas de fuego por parte de policías.
El Gobierno sostiene que el nuevo marco busca llenar ese vacío normativo y alinear la actuación policial con estándares internacionales sobre derechos humanos y proporcionalidad.
La resolución aparece además en un momento de transformación doctrinal dentro de la Policía Nacional. Desde hace varios años, organismos internacionales, entre ellos la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, insistían en la necesidad de actualizar los protocolos de intervención policial en Colombia.
Las recomendaciones se intensificaron tras las protestas de 2019 y 2021, cuando el entonces Esmad —hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden— quedó bajo escrutinio nacional e internacional por el uso de armas menos letales y procedimientos antidisturbios.
El nuevo manual establece que el arma de fuego solo podrá emplearse como último recurso y bajo criterios estrictos de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
El documento obliga a los uniformados a agotar previamente mecanismos de persuasión, mediación, verbalización y reducción del riesgo antes de llegar al uso letal de la fuerza.
También determina que cada actuación deberá ser evaluada bajo el contexto real de amenaza, el nivel de riesgo para terceros y la inminencia del peligro.
En términos prácticos, el manual redefine la forma en que un policía debe tomar decisiones en segundos. Ya no bastará con alegar percepción de amenaza.
El uniformado tendrá la obligación de justificar operacionalmente por qué consideró indispensable usar el arma y demostrar que no existían otros medios eficaces para neutralizar el riesgo.
Uno de los puntos más sensibles de la resolución es la obligación de rendición de cuentas posterior al disparo.
Según el nuevo esquema, cada uso de arma de fuego deberá quedar documentado mediante informes detallados, reconstrucción de hechos y reporte jerárquico inmediato.
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El manual también fija responsabilidades de atención médica para personas heridas, preservación de la escena y activación de mecanismos internos de revisión.
La resolución incorpora además un componente de trazabilidad institucional.
Es decir, busca que cada disparo efectuado por un uniformado pueda ser reconstruido posteriormente tanto en términos tácticos como administrativos y judiciales.
La intención del Gobierno es disminuir zonas grises en investigaciones relacionadas con abuso policial o muertes durante procedimientos.
Fuentes de la Policía sostienen que el manual también pretende proteger jurídicamente a los uniformados, definiendo parámetros claros sobre cuándo el uso de la fuerza letal puede considerarse legítimo dentro del servicio.
Durante años, sectores policiales reclamaron ausencia de lineamientos específicos y aseguraron que muchos agentes terminaban enfrentando procesos penales sin contar con protocolos suficientemente definidos.
La discusión sobre el uso de armas por parte de la Fuerza Pública en Colombia ha estado atravesada por casos emblemáticos.
La muerte del estudiante Dilan Cruz, ocurrida en 2019 tras el impacto de un proyectil disparado por el antiguo Esmad, abrió uno de los debates más profundos sobre el uso proporcional de la fuerza y el control de multitudes en el país.
Aquel episodio derivó en fuertes cuestionamientos internacionales sobre entrenamiento, supervisión y protocolos policiales.
Desde entonces, el Ministerio de Defensa comenzó un proceso gradual de actualización doctrinal. En 2025, la Policía ya había expedido un nuevo manual para el uso de armas, municiones y dispositivos menos letales, construido con participación de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.
Ese antecedente se convirtió en la base conceptual para avanzar hacia el nuevo manual exclusivo sobre armas de fuego.
La nueva regulación también enfatiza en la capacitación obligatoria de los uniformados. El documento establece que ningún policía podrá portar o emplear armas de fuego sin entrenamiento periódico, certificaciones actualizadas y evaluación técnica sobre capacidades operacionales.
El Gobierno busca que el uso de armas deje de entenderse únicamente como una facultad inherente al uniforme y pase a considerarse una competencia sometida a control permanente.
El manual incorpora además criterios diferenciales dependiendo del escenario operativo. No será igual la actuación en control urbano, disturbios, capturas, persecuciones, protección de instalaciones, operativos rurales o respuesta frente a ataques armados.
Cada situación tendrá escalas específicas de uso de fuerza y niveles diferenciados de autorización. Otro de los elementos novedosos es la inclusión de obligaciones posteriores al uso del arma.
El policía involucrado deberá garantizar asistencia inmediata a personas lesionadas, informar de forma rápida a superiores y activar protocolos de preservación probatoria.
La omisión de esos deberes podría generar consecuencias disciplinarias e incluso penales. Aunque el Gobierno presenta la resolución como un avance en derechos humanos y modernización policial, el nuevo manual probablemente abrirá otro debate político y jurídico.
Sectores defensores de derechos humanos consideran que cualquier ampliación o formalización del uso de armas debe ir acompañada de mecanismos independientes de vigilancia y control civil.
Al mismo tiempo, sindicatos y asociaciones de policías reclaman mayores garantías jurídicas para los uniformados que enfrentan estructuras criminales armadas en distintas regiones del país.
El Ministerio de Defensa sostiene que el objetivo central es equilibrar ambas dimensiones: proteger la vida de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ofrecer reglas claras para los policías que intervienen en situaciones extremas.
El reto real comenzará ahora en las calles, donde el manual deberá pasar del papel a decisiones tomadas bajo presión, en segundos y en contextos de alta tensión.
Con la Resolución 01319 de 2026, Colombia entra en una nueva etapa de regulación del uso de la fuerza policial. El país tendrá por primera vez un marco especializado para el empleo de armas de fuego por parte de uniformados, en un contexto donde la legitimidad institucional, la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana siguen siendo parte de una misma discusión nacional.
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