Petro prefirió al activista sobre el técnico”: crítica del exdirector de Planeación Nacional

A medida que el mandato del presidente Gustavo Petro entra en su recta final, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, ofreció un balance crítico de la gestión gubernamental y esbozó los principales desafíos que deberá asumir el próximo gobierno.

En una extensa entrevista con El Colombiano, González, quien lideró el diseño del actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuestionó la ejecución de las políticas propuestas, advirtió sobre el debilitamiento de la institucionalidad técnica del Estado y calificó como irresponsable el reciente incremento del salario mínimo.

Desde su visión como filósofo y economista, González sostiene que las dinámicas económicas observadas durante este cuatrienio no pueden atribuirse a las decisiones del Ejecutivo.

A su juicio, la actividad del sector privado ha sido resiliente y ha operado de forma autónoma frente a los mensajes del gobierno. “Lo que estamos presenciando no es producto de una hoja de ruta estatal”, afirmó, al explicar que el crecimiento económico no refleja las líneas del plan que trazó junto al entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En esa línea, criticó que el gobierno haya optado por privilegiar los discursos de confrontación con los gremios, dejando de lado herramientas técnicas diseñadas precisamente para estructurar una colaboración entre Estado y empresa privada.

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Según González, pese a que el PND contenía propuestas inspiradas en la visión de Mariana Mazzucato sobre el papel del Estado como catalizador económico, “el gobierno no le hizo ningún caso al plan de desarrollo”.

Uno de los reproches centrales del exdirector de Planeación apunta a la falta de continuidad en la implementación de instrumentos técnicos clave: el catastro multipropósito, el Registro Universal de Ingresos para mejorar la focalización de los subsidios y el presupuesto por programa.

Para González, estas herramientas requerían tiempo, ensayos y disciplina institucional. Sin embargo, denuncia que el gobierno “se desesperó” y decidió sustituir la técnica por activismo. “Hoy se prefiere al activista sobre el técnico, y recuperar esa capacidad institucional va a tomar años”, advirtió.

González también llamó la atención sobre la falta de articulación entre los niveles territorial y nacional en materia fiscal, criticó la dispersión del gasto público —especialmente los recursos de regalías—, y propuso que el próximo gobierno impulse una reforma tributaria integral acompañada de una Ley de Competencias que reconozca las diferencias estructurales entre departamentos.

En materia laboral, consideró desproporcionado el incremento del salario mínimo decretado para 2026, que ascendió al 23,7 %. Señaló que ese aumento está por fuera de cualquier lógica económica razonable e incluso contradice fundamentos básicos de la teoría keynesiana.

“Un 23 % es una locura… Esto lo que hace es introducir expectativas de inflación en toda la lógica económica”, señaló, agregando que la respuesta del Banco de la República —subida de tasas de interés a 10,25 %— fue una reacción esperada que podría agravar los costos financieros de las empresas.

El exdirector de Planeación también cuestionó la fragilidad del frente fiscal. Recordó que el servicio de la deuda pública para 2026 asciende a cerca de 100 billones de pesos y denunció la ineficiencia del gasto en obras menores que no aportan al desarrollo estructural.

“Con 47 billones en regalías pudimos haber financiado 20 obras monumentales. Pero se optó por coliseos y obritas”, señaló.

De cara al futuro, González instó a estructurar proyectos de infraestructura robustos que puedan atraer inversiones de fondos de pensiones, cuyos recursos —unos 540 billones de pesos— están hoy mayoritariamente invertidos en deuda pública.

Denunció que la inseguridad jurídica y el ataque a las vigencias futuras han ahuyentado esos capitales, cuando podrían estar financiando proyectos estratégicos con alta rentabilidad social.

Finalmente, sugirió que el próximo gobierno asuma la geografía y la biodiversidad como ejes centrales de la política económica.

En su criterio, es necesario compensar territorios como Chocó por la protección ambiental que prestan a otras regiones. “El próximo presidente debe valorar lo ambiental como un activo financiero real”, concluyó.

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