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Petro entregó título de mina La Mandinga en Antioquia, señalada por minería ilegal junto a batallón Rifles

Un reportaje internacional y documentos oficiales alertan sobre explotación ilegal al lado de una unidad militar.

Petro titulo minero
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 28/04/2026 - 18:40 Créditos: Captura pantalla de video / Petro entregó título de mina La Mandinga en Antioquia, señalada por minería ilegal junto a batallón Rifles

El presidente Gustavo Petro entregó un título minero sobre el predio La Mandinga, en Antioquia, una zona señalada por actividades de minería ilegal que se desarrollan junto al Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles.

La situación fue expuesta en un reportaje del diario estadounidense The New York Times, que advirtió sobre la existencia de una mina ilegal de oro operando en inmediaciones de una unidad militar en el departamento.

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Según un informe enviado en noviembre de 2022 a Corantioquia por el teniente Héctor Leonardo Saavedra, el predio Mandinga colinda directamente con el batallón y ha sido escenario de una “grave devastación” ambiental. El documento describe remoción de montaña, vertimiento de mercurio en fuentes hídricas y uso de combustibles y químicos por parte de pobladores de municipios como Cáceres y Caucasia.

El caso fue puesto en conocimiento de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Agencia Nacional de Minería.

De acuerdo con revelaciones de El Tiempo, el 11 de abril de 2024, durante la Asamblea Popular por la Paz y la Vida realizada en Caucasia, una comitiva del Gobierno, encabezada por Petro y varios ministros, entregó títulos mineros en la región.

En un video del evento se observa al mandatario junto al entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y al entonces presidente de la ANM, Álvaro Pardo, participando en la entrega de los títulos.

La primera beneficiaria en recibir uno de estos contratos fue Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien figura como titular de la concesión de la mina La Mandinga, ubicada en cercanías del batallón Rifles No. 31, en jurisdicción de Cáceres, Antioquia.

El caso reabre el debate sobre la coexistencia de operaciones ilegales, impactos ambientales y la supervisión estatal en zonas estratégicas del país.

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