Petro critica estrategia antidrogas de EE.UU. y rechaza descertificación en entrevista en The Washington Post

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre la lucha contra el narcotráfico tras una entrevista concedida al Washington Post, publicada este martes, en la que calificó como “asesinato” los ataques de Estados Unidos contra lanchas rápidas sospechosas de transportar cocaína en aguas del Caribe.

Sus declaraciones llegan en medio de la tensión diplomática provocada por la reciente descertificación de Colombia como aliado en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump.

Durante la conversación, Petro rechazó la eficacia de los operativos estadounidenses que destruyen embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, una práctica que se ha intensificado en los últimos meses. “It’s murder”, dijo el mandatario colombiano al ser consultado sobre la muerte de tripulantes en estas operaciones. A su juicio, esas acciones no golpean a los grandes carteles, sino que terminan afectando a personas vulnerables que integran las tripulaciones. “They don’t have weapons, because they don’t have the capacity, and because that’s not how you stop drug trafficking”, agregó, en alusión a la ausencia de poder de fuego en muchos de esos botes.

Petro cuestionó también el carácter mediático de los ataques, al señalar que “striking go-fast boats in the Caribbean … is only for television”, en referencia a que tales operaciones producen impacto en la opinión pública, pero no logran reducir el flujo global de cocaína.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el señalamiento de Petro a los carteles mexicanos y europeos como los principales actores del negocio transnacional de la cocaína, restando protagonismo a grupos criminales venezolanos que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas. Para el mandatario, esa clasificación responde más a intereses políticos que a la realidad del mercado ilícito.

El presidente rechazó la decisión de Washington de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, medida que considera “ideológica más que técnica”. Criticó que las estadísticas usadas por agencias internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reflejen una visión parcial del fenómeno. En su lectura, la cooperación internacional debería centrarse en inteligencia y judicialización, no en la imposición de cifras ni en la militarización del combate al narcotráfico.

Las afirmaciones de Petro no tardaron en generar reacciones entre diplomáticos y analistas en Washington. Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, señaló al Washington Post que la postura del mandatario refleja una “visión vieja-escuela” que no aporta a la noción de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores. También cuestionó que el Gobierno colombiano utilice las incautaciones como medida de éxito, en un contexto en el que la producción se mantiene elevada.

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Por su parte, expertos legales han advertido que los ataques marítimos estadounidenses se mueven en una “zona gris” del derecho internacional, en tanto no siempre es posible establecer quiénes son los ocupantes de las embarcaciones ni si representan una amenaza inminente.

Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group para los Andes, indicó que la seguridad en Colombia se ha deteriorado durante el actual gobierno y que los grupos criminales han aprovechado los espacios abiertos por las negociaciones de paz para consolidarse en varias regiones. Aunque reconoció que la Casa de Nariño busca implementar una política distinta en materia de drogas, subrayó que aún no hay claridad sobre cómo lograr resultados concretos en la reducción de cultivos o en la desarticulación de estructuras ilegales.

Las declaraciones de Petro se producen en un momento complejo para la relación bilateral. La descertificación de Colombia es una de las sanciones políticas más fuertes en el marco de la cooperación antidrogas y refleja la desconfianza de Washington frente a los avances de Bogotá. A la par, en el escenario interno, la oposición ha insistido en que las políticas del Ejecutivo no han logrado frenar la expansión de los cultivos de coca ni el control territorial de grupos armados.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Petro enfrenta el reto de mostrar resultados tangibles que respalden su propuesta de un enfoque más humano y menos militarista frente al problema mundial de las drogas. Su apuesta, basada en inteligencia, desarrollo alternativo y reducción de la violencia contra los campesinos cultivadores, deberá traducirse en cifras que convenzan tanto a la comunidad internacional como a la ciudadanía.

El tono crítico del presidente colombiano puede aumentar la tensión con la administración Trump, que ha endurecido su postura frente al narcotráfico en América Latina. Sin embargo, también abre un debate sobre la legalidad y la eficacia de los métodos utilizados hasta ahora, en particular los operativos armados en aguas internacionales.

La controversia refleja un dilema de fondo: mientras Washington insiste en medidas coercitivas, Petro defiende un enfoque que ataque las raíces sociales y económicas del narcotráfico. En medio de esas visiones opuestas, el futuro de la cooperación antidrogas entre ambos países atraviesa por uno de sus momentos más frágiles en décadas.

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