Ministerio Justicia mantiene el recorte previsto para la JEP en el presupuesto del 2027

El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revisar y ajustar sus gastos ante los recortes previstos en el presupuesto nacional para 2027. El funcionario aseguró que la reducción de recursos responde a las restricciones fiscales que enfrenta el Estado y sostuvo que, “desde ningún punto de vista”, la medida constituye un ataque contra el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Cancino hizo un llamado a los magistrados de la JEP y a la comunidad internacional para actuar con “prudencia” y “mesura” frente a la discusión presupuestal. Según el ministro, las limitaciones financieras afectan a distintas entidades públicas, por lo que la jurisdicción debería realizar un esfuerzo similar al de otras instituciones estatales para adaptar sus gastos a la situación fiscal del país.

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Uno de los argumentos planteados por el jefe de la cartera de Justicia fue el nivel de ejecución presupuestal de la JEP en años anteriores. Cancino afirmó que la entidad no habría ejecutado la totalidad de los recursos asignados en algunos periodos y consideró necesario revisar sus necesidades financieras de cara a 2027. Sin embargo, el ministro no precisó el monto exacto del recorte ni detalló qué programas, contratos o áreas de la jurisdicción podrían verse afectados.

La discusión también ha generado pronunciamientos internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó al Gobierno colombiano garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP y de las demás instituciones que integran el Sistema Integral de Paz. El pronunciamiento se produjo el 28 de septiembre de 2026, en el marco de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las entonces FARC-EP.

Por su parte, la JEP advirtió que la reducción presupuestal podría afectar el desarrollo de sus funciones judiciales y señaló que requiere una partida adicional de $170.000 millones para garantizar audiencias en los territorios, representación judicial de las víctimas, protección de testigos y participación de especialistas. La jurisdicción indicó que estas necesidades están relacionadas con la atención de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan cerca de 834.804 personas acreditadas. La entidad también informó que en 2025 alcanzó una ejecución presupuestal del 96,8 % y que entre 2024 y julio de 2026 adoptó medidas que, según sus propios registros, permitieron ahorrar $21.575 millones.

La JEP sostuvo además que un eventual ajuste de recursos podría tener efectos sobre el debido proceso y la seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas FARC-EP y 4.736 integrantes de la Fuerza Pública. A pesar de las dificultades presupuestales, la jurisdicción afirmó que mantiene el desarrollo de los macrocasos, las audiencias y la implementación de las sanciones propias. Asimismo, reiteró que no ha planteado extender su funcionamiento más allá de los 15 años establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2017.

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