Human Rights Watch cuestiona decreto presidencial que convoca consulta popular sin aprobación del Senado

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que el reciente decreto emitido por el Gobierno de Colombia para convocar una consulta popular, sin haber contado previamente con el concepto favorable del Senado de la República, plantea serios cuestionamientos sobre el respeto al orden constitucional y podría representar una amenaza al funcionamiento democrático del país.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, se refirió al tema durante una entrevista concedida al programa El Radar, donde expuso los motivos por los cuales el acto administrativo firmado por el presidente Gustavo Petro genera preocupación dentro de la organización.

De acuerdo con la jurista, la Carta Política de 1991 establece con claridad que para convocar una consulta popular nacional se requiere un concepto previo emitido por el Senado.

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La omisión de este paso, sostuvo, implica un desconocimiento expreso de lo dispuesto por el marco constitucional vigente.

Goebertus señaló que este tipo de medidas podría constituir un antecedente perjudicial para la separación de poderes y el principio de legalidad.

A su juicio, el Ejecutivo debe respetar los mecanismos y procedimientos previstos por la Constitución para promover mecanismos de participación ciudadana, independientemente de la legitimidad política que invoque para sustentar su propuesta.

En la entrevista, Goebertus expresó que si bien será competencia de la Corte Constitucional evaluar la validez jurídica del decreto, HRW considera necesario advertir que en un Estado de Derecho los gobernantes no pueden omitir los controles establecidos por la institucionalidad.

En ese contexto, manifestó que no es posible justificar la desatención de procedimientos legales con el argumento de querer consultar directamente al electorado.

Durante su intervención, la vocera de HRW comparó la respuesta ofrecida por el presidente Gustavo Petro a las críticas formuladas por la organización —en la que calificó de injerencia las observaciones de HRW— con reacciones similares adoptadas por mandatarios de otros países latinoamericanos.

Mencionó como antecedentes las respuestas institucionales de los gobiernos de El Salvador y Venezuela, en donde —según su análisis— se han producido decisiones contrarias al orden constitucional con el argumento de representar la voluntad popular.

La funcionaria explicó que, en múltiples casos documentados en la región, los procesos de deterioro institucional han comenzado con actos similares: desconocimiento de los límites impuestos al poder ejecutivo y progresiva concentración de facultades en cabeza del jefe de Estado.

Para ilustrar esta afirmación, se refirió a la situación salvadoreña, en la que la prohibición constitucional de reelección fue finalmente ignorada con base en una nueva interpretación de la Corte de ese país, facilitada por cambios en la composición del alto tribunal.

En cuanto al argumento esgrimido desde el Ejecutivo colombiano, que ha planteado la convocatoria como una forma de “devolverle el poder al pueblo”, Goebertus fue enfática al señalar que no se trata de una contraposición entre democracia y legalidad.

Reiteró que el sistema democrático no se limita a la expresión directa de la ciudadanía a través del voto, sino que exige que los actos de los funcionarios públicos estén sometidos a los límites formales y sustanciales establecidos por el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, manifestó que HRW sigue con atención el curso de los recursos legales interpuestos ante las autoridades judiciales colombianas. Señaló que el análisis del caso corresponde a la jurisdicción constitucional, y que solo en caso de que las vías internas no resulten eficaces, podría considerarse una revisión por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La directora para las Américas de HRW concluyó subrayando que la organización confía en la solidez institucional del país.

En su opinión, las entidades del Estado colombiano cuentan con los instrumentos jurídicos y la capacidad funcional necesarios para resolver el debate en el marco del derecho interno, sin requerir intervención de organismos internacionales.

La expedición del decreto en cuestión, su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, y las implicaciones que pueda tener en la práctica política y jurídica nacional seguirán siendo objeto de seguimiento por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, observadores internacionales y sectores académicos.

Por ahora, el pronunciamiento de HRW se convierte en uno de los primeros llamados de atención formales por parte de una organización de alcance global frente a una decisión presidencial que ha suscitado controversias en el ámbito jurídico y político del país.

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