Gobierno propone beneficios judiciales y derechos políticos para capos en proyecto de Paz Total

El Gobierno nacional prepara la radicación del proyecto de ley que dará forma definitiva a su política de Paz Total, en el que se contemplan polémicos beneficios judiciales y políticos para integrantes de organizaciones criminales que decidan dejar las armas. 

Un borrador del documento, de 14 páginas, incluye propuestas como penas reducidas, libertad condicional para cabecillas y mandos medios, así como la posibilidad de que estos accedan a derechos políticos tras cumplir su condena.

Aunque el texto oficial sería presentado ante el Congreso en los próximos días, el borrador revela que el proyecto está dirigido a grupos armados al margen de la ley que se acojan a un acuerdo de tránsito a la vida civil. Esto incluye estructuras como Los Costeños y bandas vinculadas a recientes hechos de violencia urbana, como el llamado “tarimazo” en Medellín.

Los máximos cabecillas podrían recibir penas de entre cinco y ocho años de prisión, al término de las cuales podrían obtener libertad condicional. Para los mandos medios se contempla una pena de dos a cinco años. Aún no se define el tratamiento para miembros rasos.

Los beneficios serían revocados si los beneficiarios reinciden en el delito o retoman las armas. Además, su permanencia en el proceso dependerá de una colaboración eficaz con la justicia, que podrá incluir desde la entrega de información para la búsqueda de desaparecidos, hasta el esclarecimiento de hechos violentos y aportes a la reparación de víctimas. Esta colaboración será evaluada por la Fiscalía y el juez competente.

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El Alto Comisionado para la Paz será el encargado de entregar a la Fiscalía una lista oficial de integrantes de estos grupos, con el fin de que se evalúe la posibilidad de aplicar sentencias anticipadas colectivas. Estas deberán ser validadas posteriormente por los tribunales.

Uno de los puntos más polémicos del borrador es la habilitación de derechos políticos para los exintegrantes de grupos armados, una vez cumplidas las penas alternativas. Según el artículo 10 del documento, los beneficiarios podrían participar en organizaciones sociales, actividades económicas, culturales, e incluso en procesos electorales, salvo en los casos de inhabilidad expresamente contemplados en la Constitución.

El borrador ya ha generado reacciones encontradas en diferentes sectores políticos y judiciales, y se anticipa un fuerte debate en el Congreso durante la próxima legislatura, en torno a los límites de la justicia transicional y los alcances de la reconciliación.

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