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Westcol, en riesgo de ir a prisión por desacatar orden de la Corte Constitucional
El influencer no certificó su asistencia a un curso sobre derechos LGBTIQ+ ordenado por la Corte. Se expone a seis meses de arresto y una multa de 20 salarios mínimos.

El influencer colombiano Luis Villa, más conocido como Westcol, enfrenta un proceso por desacato judicial tras no cumplir una orden emitida por la Corte Constitucional. El Juzgado Noveno Penal de Ibagué activó el procedimiento este viernes, debido a que el creador de contenido no presentó la certificación de su participación en un curso sobre derechos humanos y diversidad sexual, impuesto como medida reparadora por un fallo judicial en su contra.
El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando Westcol publicó un video titulado ¿Y si mi hijo sale trans?, en el que realizó comentarios transfóbicos y homofóbicos como “empalaría a su hijo” si fuera trans y “llenaría de balazos” a una pareja gay. Dichas expresiones fueron consideradas discurso de odio y motivaron una acción de tutela presentada por el activista José Francisco Montufar.
La Corte Constitucional falló en contra de Westcol al considerar que vulneró los derechos fundamentales de la población LGBTIQ+, y le ordenó cumplir tres acciones:
- Ofrecer disculpas públicas.
- Divulgar el fallo en todas sus redes sociales.
- Realizar un curso pedagógico sobre derechos de personas diversas impartido por el Ministerio de Justicia.
Aunque el influencer publicó una disculpa en Instagram, no lo hizo en YouTube, la plataforma donde se originaron los comentarios, lo que fue advertido como incumplimiento por parte del alto tribunal. Pero el punto más crítico es la ausencia del certificado del curso, lo que activó el proceso de desacato.
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“El curso no ha sido demostrado ni enviado al juzgado”, afirmó Montufar. El juzgado dio a Westcol un plazo de tres días para responder, el cual vence este viernes 18 de julio.
De continuar el desacato, Westcol podría enfrentarse a una sanción de hasta seis meses de arresto y una multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, enfrenta otras dos denuncias adicionales: una civil y otra penal por injuria y vías de hecho.
Este proceso es considerado un precedente judicial clave por tratarse de uno de los primeros fallos de la Corte que reconoce la violencia digital contra personas LGBTIQ+ desde un enfoque de derechos humanos. “La violencia en redes tiene efectos reales. No cumplir con la sentencia pone en duda la capacidad del sistema judicial para proteger la dignidad de estas poblaciones”, concluyó Montufar.
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