Gobierno ordena salida de excombatientes de ZUT en Putumayo pese a medida judicial

El Gobierno Nacional ordenó nuevamente el cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, pese a que un juzgado del departamento había suspendido provisionalmente el proceso mientras estudia una tutela presentada por los excombatientes que permanecen en el lugar.

La nueva decisión está contenida en la Resolución 215 del 29 de septiembre de 2026, la cual, fue firmada por el consejero Comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos.

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Según el documento, los 66 excombatientes de los Comandos de la Frontera que permanecen actualmente en la ZUT deberán abandonar el lugar de manera gradual y articulada entre las 12:00 de la medianoche del 1 de octubre y las 12:00 de la medianoche del 2 de octubre.

Para coordinar el procedimiento, el Gobierno estableció la participación de una comisión humanitaria.

También establece que antes de la salida se realizará una verificación de antecedentes para determinar cuáles de las personas pueden participar en la jornada.

De igual manera, aclara que abandonar la ZUT no extingue investigaciones penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento o condenas que puedan existir contra las personas que permanecen en el lugar, por lo que la situación jurídica de cada excombatiente continuará bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación y los jueces correspondientes.

A su vez, quienes estén acreditados como desmovilizados podrán continuar su proceso de reincorporación ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en cualquiera de sus sedes del país.

Esta decisión se conoce después de que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís adoptara, el pasado 24 de septiembre, una medida provisional para suspender el cierre de la ZUT mientras resuelve de fondo una tutela presentada por los exintegrantes de los Comandos de la Frontera.

Los accionantes argumentaron que el cierre podría afectar derechos relacionados con su seguridad, integridad física, reincorporación, tránsito a la vida civil, debido proceso y paz.

El juzgado había tomado esta determinación luego de que el Gobierno expidiera a comienzos de septiembre la Resolución Ejecutiva 389 de 2026, mediante la cual dio por terminada la ZUT y ordenó avanzar en su cierre administrativo, con efectos a partir del 30 de septiembre.

Defensoría pide frenar la salida

Ante la nueva resolución, la Defensoría del Pueblo pidió al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ampliar la medida provisional que había suspendido el cierre de la ZUT.

La solicitud fue presentada este 30 de septiembre por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien advirtió que la nueva decisión del Gobierno podría entrar en contradicción con la medida adoptada por el juzgado el pasado 24 de septiembre.

Según la entidad, permitir la salida física de los excombatientes tendría, en la práctica, un efecto similar al cierre de la zona que el juzgado había ordenado suspender. Además, advierte que el cumplimiento de la Resolución 215 “haría inocua” la medida provisional y la eventual decisión de fondo de la tutela, debido a que una vez las personas abandonen la ZUT sería difícil revertir esa situación.

La Defensoría indicó además que no tiene conocimiento de un plan operativo para ejecutar la salida ni ha sido convocada a participar en la comisión humanitaria mencionada en la resolución.

Otro de los puntos que genera preocupación para la entidad es el corto plazo establecido para ejecutar el procedimiento, pues la salida está prevista para comenzar en la medianoche del 1 de octubre.

De acuerdo con la entidad, la salida, sin condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, podría generar una afectación de difícil o imposible reversión.

Por esta razón, pidió al juzgado precisar y ampliar el alcance de la medida provisional del 24 de septiembre para establecer expresamente que la suspensión también cobija cualquier actuación administrativa u operativa que tenga como objetivo, directa o indirectamente, sacar físicamente a las personas de la ZUT mientras se resuelve la tutela.

También solicitó suspender inmediatamente la ejecución del artículo segundo de la Resolución 215, específicamente frente a las personas cobijadas por la medida provisional.

Finalmente, pidió garantizar durante el proceso servicios y condiciones básicas para las personas que permanecen en la zona como salud, alimentación, transporte seguro, protección, comunicación y servicios públicos, además de las medidas que el juzgado considere necesarias para evitar que nuevas actuaciones administrativas hagan ineficaz la orden judicial.

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