Gobernadores advierten que decisiones del Gobierno afectan la autonomía territorial

La Federación Nacional de Departamentos (FND) advirtió que recientes decisiones del Gobierno nacional ponen en riesgo la autonomía territorial y la inversión social en las regiones. En un pronunciamiento conjunto, los gobernadores manifestaron su inconformismo frente a decretos, resoluciones y conceptos técnicos que afectan directamente la ejecución de proyectos y el funcionamiento de los entes territoriales.

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Entre los puntos más críticos, los mandatarios denunciaron que un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías, al impedir que los proyectos de inversión contemplen gastos de legalización y tributos asociados, lo que compromete su viabilidad financiera.

De igual forma, cuestionaron el artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que —según advirtieron— amenaza la estabilidad laboral de profesionales del sector al impedir financiar cargos de planta en las secretarías departamentales con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Para los gobernadores, esta medida contradice la reciente reforma laboral que busca formalizar y dignificar el trabajo en salud.

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Los mandatarios también exigieron al Ministerio de Hacienda la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reformó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), al considerar que la demora en su implementación afecta la eficiencia en la administración de los recursos para cubrir pasivos pensionales.

Finalmente, reiteraron la necesidad de contar con funcionarios en propiedad en entidades como el SENA, el ICBF, el ICA y el INVÍAS, en cumplimiento de la Constitución, para fortalecer la gobernanza en las regiones.

“Con cada nuevo decreto y resolución, se desvían los escasos recursos de las gobernaciones, se frena la inversión regional, se limita la gobernanza y se cercena la autonomía”, señalaron los gobernadores, advirtiendo que, de no obtener respuesta positiva a sus solicitudes, se verán obligados a recurrir a instancias judiciales para defender los intereses de sus territorios.

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