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Contraloría cuestiona nueva declaratoria de emergencia económica y advierte falta de sustento técnico
El órgano de control envió un concepto a la Corte Constitucional en el que señala debilidades en las cifras y la falta de elementos técnicos que respalden la necesidad de los recursos solicitados por el Gobierno para atender la emergencia en Córdoba.
La Contraloría General de la República emitió un concepto crítico frente a la declaratoria de emergencia económica realizada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en febrero de 2026 para atender la crisis invernal en el departamento de Córdoba, cuyo análisis de constitucionalidad adelanta la Corte Constitucional.
El pronunciamiento fue enviado al despacho del magistrado Miguel Polo Rosero, dentro del proceso de revisión del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varios departamentos afectados por la temporada invernal.
En su documento, el ente de control advirtió que la declaratoria estaría sustentada en cifras que calificó como débiles y poco confiables, señalando además que no existen elementos técnicos suficientes que permitan validar la necesidad de los cerca de 8 billones de pesos estimados para atender la emergencia.
Cuestionamientos a la justificación de la emergencia
Según la Contraloría, el análisis de la información disponible evidencia un alto nivel de incertidumbre en las estimaciones de daños y pérdidas presentadas por las entidades responsables, lo que, a su juicio, dificulta la verificación y auditoría de los recursos proyectados.
El organismo también indicó que el informe presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no sustentaría de manera suficiente las razones por las cuales no se utilizaron en mayor medida herramientas ordinarias contempladas en la legislación vigente para atender emergencias climáticas.
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Asimismo, el documento menciona que no se evidencian referencias claras a las acciones de monitoreo y advertencia adelantadas por entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y la Dirección General Marítima, que podrían haber contribuido a anticipar o mitigar los efectos del fenómeno climático.
Antecedentes y alternativas planteadas
La Contraloría recordó que en eventos climáticos anteriores, como la ola invernal de 2010 y 2011 y el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023, se adoptaron medidas distintas sin necesidad de declarar una emergencia económica similar, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad de esta decisión en el contexto actual.
Además, el organismo sugirió que existen otras fuentes de financiación que podrían ser consideradas para la atención de desastres, entre ellas la creación de patrimonios autónomos, seguros de riesgo, fondos de cooperación internacional y créditos subsidiados.
El concepto también cuestiona que la declaratoria se sustentara en la no aprobación de una ley de financiamiento, al considerar que esa circunstancia no constituye un argumento válido para justificar un estado de emergencia económica.
La Corte Constitucional deberá evaluar estos argumentos junto con los demás elementos del expediente para decidir si la declaratoria cumple con los requisitos constitucionales y si las medidas adoptadas por el Gobierno mantienen su validez jurídica.
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