Contraloría Bogotá abre proceso fiscal por presunto detrimento de $6.000 millones en la Secretaría de Movilidad

La Contraloría de Bogotá abrió de manera formal un Proceso de Responsabilidad Fiscal ante un presunto detrimento patrimonial que asciende a los $6.501.689.565. La investigación penaliza las irregularidades detectadas en una serie de pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Movilidad entre los años 2021 y 2024, los cuales estaban destinados a la realización de consultas en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

El origen de esta actuación fiscal se remonta al pago de un total de 5.467.476 consultas al RUNT, gestionadas a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La lupa del organismo de control se posó sobre estas transacciones debido a que la Secretaría de Movilidad ya contaba con acceso a bases de datos internas de la misma entidad tales como Simur, Simit, Fénix y Sicon, las cuales almacenaban información similar y suficiente para el correcto desarrollo de sus funciones misionales.

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Bajo esta premisa, la Contraloría distrital determinó que los desembolsos realizados durante las vigencias de 2021, 2022, 2023 y 2024 carecieron de una justificación suficiente. Para el ente de control, estas acciones vulneraron directamente los principios de necesidad, economía y eficiencia que deben regir el gasto público, lo que motivó el inicio inmediato del proceso sancionatorio para esclarecer la administración de dichos recursos.

Al respecto, Juan Camilo Corredor Pardo, Gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal, señaló que con la apertura del caso se busca establecer con certeza si existió una afectación real al patrimonio de la ciudad y determinar las responsabilidades a las que haya lugar. El funcionario enfatizó que el deber de la institución es proteger el dinero de los bogotanos y vigilar que cada peso invertido responda estrictamente a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad.

Como resultado directo de las primeras indagaciones, la Contraloría vinculó formalmente al proceso a varios exsecretarios y funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, al igual que a un alto directivo de la ETB. 

Todos los implicados tendrán la oportunidad legal de ejercer su derecho a la defensa y presentar los descargos correspondientes en las etapas venideras, mientras el organismo de control autónomo promete continuar con la fiscalización rigurosa de las entidades del Distrito.

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