Colombia elimina aranceles del 30% a Ecuador y pone fin a disputa comercial

El Ministerio de Comercio de Colombia expidió el Decreto 583 de 2026, mediante el cual desmonta el gravamen arancelario impuesto a las importaciones ecuatorianas, poniendo fin a una disputa comercial binacional que se extendió por cuatro meses.

La decisión del Ejecutivo deroga de manera formal el Decreto 170 del 20 de febrero de 2026, disposición que había fijado un arancel del 30% a las mercancías procedentes del territorio vecino. Esta medida arancelaria recíproca de Colombia se había adoptado luego de que la administración de Ecuador implementara salvaguardias que alcanzaron hasta el 100% contra los productos colombianos.

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De acuerdo con el texto de la nueva normativa aduanera, la derogación de las tasas por parte de Quito a los productos nacionales elimina las razones técnicas que motivaron la restricción colombiana, permitiendo así normalizar el intercambio comercial en la frontera. Pese a la apertura general de los mercados, el Gobierno nacional determinó un régimen exceptivo para el sector agrícola: en los próximos 45 días se mantendrán los aranceles al arroz, con el propósito de robustecer los controles de la autoridad aduanera frente a la persistencia del contrabando en la frontera sur del país.

El nuevo decreto incorpora, además, un componente de control fronterizo al establecer que se mantendrán medidas de restricción al ingreso de mercancías específicas provenientes y originarias de Ecuador por razones de seguridad nacional de la República de Colombia.

La resolución de este conflicto comercial estuvo precedida por fuertes roces diplomáticos entre ambas naciones. La semana pasada, la Cancillería de Colombia calificó de "engañosa" la declaración del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien presentó el desmonte de sus aranceles —vigente desde el 1 de junio— como un gesto de buena voluntad. El Palacio de San Carlos aclaró que la decisión de Quito obedeció en realidad al cumplimiento obligatorio de las órdenes de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dictadas el pasado 8 de mayo, que daban un plazo perentorio de 10 días hábiles para frenar los sobrecostos comerciales.

La controversia escaló, además, a los escenarios políticos de cara a la contienda por la Casa de Nariño. El presidente ecuatoriano notificó la eliminación de dichos gravámenes comerciales en medio de una videollamada con el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La difusión de este contacto en plataformas digitales, ocurrida a tan solo dos días de celebrarse la primera vuelta presidencial en Colombia, provocó un rechazo categórico por parte de la administración del entonces presidente Gustavo Petro, la cual denunció formalmente el episodio como una presunta injerencia indebida de un mandatario extranjero en los asuntos políticos e internos del país.

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