CNE confirma sanción a campaña Petro Presidente 2022 por financiación irregular y violación de topes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este miércoles la sanción contra la campaña Petro Presidente 2022, al determinar que incurrió en financiación irregular y violó los topes de gasto electoral, tal como se había establecido en primera instancia.

La decisión fue adoptada con apoyo de conjueces y una votación de 6-3, mediante la cual el tribunal resolvió los recursos presentados contra la resolución inicial. En ese primer fallo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz concluyeron que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro superó los topes en aproximadamente $3.500 millones.

Se trata de una decisión sin precedentes en el país, ya que es la primera vez que el CNE investiga y sanciona una campaña presidencial por financiación irregular.

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Como consecuencia, se impusieron multas a varios responsables de la financiación de la campaña, entre ellos su entonces gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. También deberán responder la tesorera y la auditora de la campaña.

Las sanciones incluyen cerca de $2.879 millones por financiación irregular proveniente de personas jurídicas, así como $3.043 millones por la violación de topes en la primera y segunda vuelta presidencial.

Asimismo, los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la candidatura, deberán pagar una multa de $1.100 millones dentro de este proceso.

Desde el Pacto Histórico señalaron que aún cuentan con la posibilidad de acudir ante el Consejo de Estado para apelar la decisión.

En este contexto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ya había establecido que el CNE es competente para adelantar investigaciones administrativas relacionadas con una posible violación de las reglas de financiación de campañas presidenciales.

No obstante, también precisó que cualquier eventual proceso que implique sanciones como la pérdida del cargo del jefe de Estado corresponde al Congreso de la República de Colombia, a través de la Comisión de Acusaciones, en caso de que los hallazgos deriven en una actuación de esa naturaleza.

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