Supersalud habría tramitado de forma irregular la prórroga de intervención de Nueva EPS

La Superintendencia Nacional de Salud habría incurrido en irregularidades en el trámite mediante el cual se extendió por un año la intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS, la mayor entidad promotora de salud del país, con más de 11 millones de afiliados. Así lo advierte un documento oficial remitido a la Procuraduría General de la Nación y conocido públicamente en las últimas horas.

De acuerdo con la comunicación, elaborada por la Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud en respuesta a un requerimiento del Ministerio Público, el procedimiento adelantado para prorrogar la medida no cumplió con los requisitos técnicos ni administrativos exigidos para este tipo de decisiones.

Según el documento, la Superintendencia solicitó al Ministerio de Salud la extensión de la intervención, cuya vigencia se encontraba prevista hasta comienzos de abril de 2026. Sin embargo, el Ministerio no emitió un pronunciamiento dentro del plazo correspondiente, lo que dejó a la entidad, durante varios días, sin una medida formal de intervención vigente.

Posteriormente, el 10 de abril, el Comité de Medidas Especiales —instancia técnica encargada de evaluar este tipo de decisiones— analizó la situación de la Nueva EPS. En esa sesión, sus integrantes concluyeron que no existían insumos suficientes para recomendar una nueva intervención, debido a la ausencia de informes completos de inspección, vigilancia y control.

Pese a esa conclusión, ese mismo día la Superintendencia Ad Hoc expidió la resolución que ordenó la toma de posesión y la continuidad de la intervención.

El documento remitido a la Procuraduría advierte que el acto administrativo incluyó afirmaciones que no corresponderían a lo discutido en el comité, al señalar que este había respaldado la medida.

En ese sentido, la Delegatura concluye que el proceso “se aparta del principio del debido proceso administrativo” y no respetó los procedimientos técnicos previos exigidos para adoptar decisiones de esta naturaleza.

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El caso se produce en medio de un seguimiento activo por parte de la Procuraduría General de la Nación, que desde comienzos de abril había solicitado explicaciones a la Superintendencia sobre el estado de la intervención y el cumplimiento de las órdenes impartidas a la EPS.

El organismo de control también había advertido la necesidad de establecer si persistían las condiciones que dieron origen a la medida, así como definir con claridad el esquema de administración de la entidad tras el vencimiento de la prórroga anterior.

Adicionalmente, sectores políticos y técnicos habían solicitado la intervención preventiva de la Procuraduría ante posibles fallas legales en el proceso, incluyendo la falta de soportes documentales y dudas sobre la legalidad de la toma de posesión.

El documento también incluye cifras que evidencian el agravamiento de la situación financiera de la Nueva EPS durante el periodo de intervención. El rezago en el procesamiento de cuentas médicas habría pasado de 5,7 billones de pesos en abril de 2024 a 14,9 billones en diciembre de 2025.

En el mismo periodo, las cuentas por pagar a clínicas y hospitales aumentaron 24 %, alcanzando los 26,09 billones de pesos. Estos indicadores se suman a antecedentes que ya señalaban dificultades estructurales en la entidad, cuya intervención fue ordenada inicialmente en abril de 2024 por fallas financieras y operativas.

El deterioro de la EPS se enmarca en una crisis más amplia del sistema de salud, caracterizada por altos niveles de endeudamiento, retrasos en pagos a prestadores y dificultades en la prestación de servicios.

El informe también menciona la designación de Jorge Iván Ospina como agente interventor. Según un memorando interno fechado el 10 de abril, su hoja de vida no cumpliría con los requisitos mínimos de experiencia exigidos para el cargo, aunque sí acredita formación como médico cirujano.

La designación de funcionarios en el marco de las intervenciones ha sido objeto de observaciones recientes por parte de la Procuraduría, que incluso ha ordenado suspensiones en otros casos dentro del sistema de salud.

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