Cámara debate propuesta de descontar sueldo a representantes por inasistencia a plenarias

La discusión de fondo gira en torno a la interpretación de la Ley 5ª de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso. Quienes se oponen a la medida sostienen que cualquier sanción económica debe estar sustentada en una normativa explícita que respete el debido proceso, y no en decisiones administrativas que podrían exceder las facultades de la mesa directiva.

Otros sectores del Legislativo señalan que la falta de asistencia y los retrasos reiterados afectan la imagen institucional del Congreso y entorpecen el trabajo legislativo, lo que justifica la necesidad de implementar mecanismos correctivos, incluso si eso implica avanzar hacia una reforma de fondo.

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En ese sentido, algunos representantes han propuesto revisar no solo las sanciones, sino también los incentivos existentes para promover una mayor disciplina parlamentaria. “La ciudadanía exige resultados, y eso empieza por una asistencia mínima al Congreso”, aseguró un legislador que pidió reserva de su nombre.

A medida que avanza la legislatura, la propuesta de descontar salario por inasistencia seguirá generando reacciones dentro y fuera del Capitolio, especialmente en un contexto en el que el control ciudadano sobre el actuar de los congresistas es cada vez mayor. La discusión está abierta: entre el respeto a las garantías legales de los legisladores y la urgencia de fortalecer la ética pública y la rendición de cuentas.

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