“Bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”: presidente De la Espriella advierte a alcalde Yahir Acuña

El presidente Abelardo de la Espriella confrontó públicamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, durante un evento en el que ambos se encontraban presentes y le advirtió, frente a los asistentes, que no permitirá que recursos de la Nación destinados a la capital de Sucre queden bajo su control sin mecanismos especiales de vigilancia.

El mandatario dirigió sus palabras directamente a Acuña y puso sobre la mesa los cuestionamientos que durante años han acompañado la trayectoria política y judicial del alcalde.

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“¿Usted cree que yo soy la clase de presidente que va a permitir las prácticas que usted ha hecho aquí en Sincelejo?”, le dijo De La Espriella al mandatario local durante el acto público.

El Presidente continuó su intervención frente a Acuña y endureció el mensaje al referirse a la forma como su Gobierno pretende relacionarse con la administración municipal.

“Así que vamos a ver qué hacemos con Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”, manifestó.
De La Espriella también hizo referencia directa al manejo del dinero que pueda ser destinado por el Gobierno nacional a proyectos en Sincelejo y aseguró que buscará impedir que esos recursos queden bajo control del alcalde.

“Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control”, afirmó el jefe de Estado ante los asistentes.

La confrontación pública puso nuevamente bajo atención los antecedentes judiciales y disciplinarios de Acuña, quien ha desarrollado buena parte de su carrera política en Sucre y actualmente gobierna Sincelejo para el periodo 2024-2027.

Acuña fue representante a la Cámara por Sucre durante dos periodos, entre 2010 y 2018, y posteriormente continuó su actividad política en el departamento. A lo largo de esa trayectoria su nombre ha aparecido en diferentes actuaciones judiciales, electorales y disciplinarias.

Uno de los datos que durante años ha acompañado las referencias sobre el dirigente sucreño es el de 13 procesos en su contra. Sin embargo, la cifra requiere una precisión: no significa que actualmente tenga 13 procesos abiertos por corrupción.

El dato se remonta a 2015, cuando diferentes reportes daban cuenta de 13 actuaciones relacionadas con Acuña. En ese momento se contabilizaban seis acciones ante el Consejo de Estado, seis indagaciones preliminares y un proceso formal en la Corte Suprema de Justicia.

Por esa razón, jurídicamente no corresponde presentar esas 13 actuaciones históricas como 13 procesos actuales por corrupción ni como 13 condenas. Algunos expedientes siguieron caminos diferentes y varios de los procesos electorales estuvieron relacionados con cuestionamientos sobre su elección como congresista.

El Consejo de Estado conoció, entre otros asuntos, demandas contra la elección de Acuña como representante a la Cámara por Sucre para el periodo 2014-2018.

La Sección Quinta estudió procesos acumulados en los que fueron planteados cuestionamientos relacionados con su elección, entre ellos señalamientos por doble militancia.

A ese historial se agregan investigaciones posteriores y actuaciones que han llegado hasta años recientes.

Una de ellas está relacionada con el patrimonio de Acuña durante su paso por el Congreso. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria en 2026 dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

El expediente busca establecer si durante el periodo en que ejerció como representante a la Cámara se produjo un incremento patrimonial que no tuviera justificación.

La existencia de esa investigación no implica una declaración de responsabilidad y Acuña mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
Otra actuación reciente está relacionada con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de Sincelejo.

La Procuraduría General de la Nación informó oficialmente en noviembre de 2025 que abrió una indagación previa contra el alcalde por presuntos actos de corrupción relacionados con el programa.

La decisión se produjo después de conocerse un video en el que, según informó el Ministerio Público, Acuña se refería al funcionamiento del negocio del PAE y a presuntas coimas que habrían sido pagadas por un proveedor.

La Procuraduría señaló que la actuación pretende determinar si existieron irregularidades relacionadas con posibles exigencias de dádivas y un eventual incremento patrimonial injustificado.

El organismo ordenó la práctica de pruebas para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y determinar si existió una conducta disciplinariamente relevante.

En el historial de Acuña sí figura una sanción disciplinaria confirmada por la Procuraduría.

En enero de 2023, el Ministerio Público informó que confirmó una suspensión de cuatro meses por hechos ocurridos cuando Acuña ejercía como representante a la Cámara.

De acuerdo con la Procuraduría, el entonces congresista incurrió en una extralimitación de funciones al asumir en 2014 la presidencia ad hoc de una corporación y expedir una resolución mediante la cual ordenó el reparto de quejas y denuncias entre representantes, pese a que esa función correspondía a una nueva mesa directiva.

Otro de los episodios que generó atención sobre Acuña ocurrió durante la campaña para las elecciones territoriales de 2015. El 23 de octubre de ese año, dos días antes de las votaciones, las autoridades encontraron cerca de $480 millones en efectivo en un vehículo en el que se movilizaba por Sucre.

El dinero quedó entonces a disposición de las autoridades mientras se establecía su procedencia. Acuña sostuvo que podía justificar el origen de los recursos y el episodio no equivale a una condena penal por corrupción.

Su nombre también apareció en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con organizaciones ilegales. Esos expedientes tuvieron diferentes desarrollos y tampoco pueden presentarse de manera conjunta como condenas.

En uno de los procesos relacionados con presuntos nexos con Los Rastrojos, la Procuraduría solicitó la preclusión de la investigación al considerar que existían dificultades probatorias y contradicciones en testimonios que hacían parte del expediente.

Ese conjunto de antecedentes constituye el contexto de la confrontación que protagonizaron ahora el Presidente y el alcalde de Sincelejo.