Alias John 40 habría pagado $5.000 millones por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Una nueva declaración entregada a la Fiscalía General de la Nación señala a Géner García Molina, alias John 40, cabecilla de la Segunda Marquetalia, como presunto responsable de conseguir y aportar $5.000 millones para financiar el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los recursos, según la denuncia, habrían procedido de operaciones de narcotráfico y explotación minera ilegal desarrolladas en zonas fronterizas con Venezuela.

La información fue revelada por la revista Semana, que tuvo acceso a un informe basado en el testimonio de una persona vinculada con la organización armada. El informante busca obtener beneficios judiciales y acceder a las recompensas ofrecidas por información sobre García Molina y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

De acuerdo con esa versión, John 40 no solo habría suministrado los recursos económicos, sino que también habría participado en la coordinación del atentado. Su presunta intervención constituye una nueva línea de investigación sobre la estructura que habría ordenado y financiado el magnicidio.

Hasta ahora, parte de los señalamientos sobre la planificación del crimen se habían concentrado en José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, integrante de la Segunda Marquetalia. Aunque han circulado versiones sobre su muerte en combate, el material conocido no aporta pruebas que permitan confirmar ese hecho.

La declaración sostiene que una parte del dinero destinado al atentado procedía de una explotación de oro y coltán ubicada en Barrancominas, departamento de Guainía, que presuntamente estaría bajo el control de García Molina. A estos ingresos se habrían sumado recursos obtenidos mediante el tráfico de estupefacientes en la frontera colombo-venezolana.

El traslado del dinero hacia los campamentos de la organización habría estado a cargo de Simeón Pérez Marroquín, conocido como el Viejo o la Firma, capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, jurisdicción de Puerto Lleras, Meta.

Pérez Marroquín ya había mencionado durante sus declaraciones la existencia de $1.000 millones destinados a cubrir los gastos logísticos y el funcionamiento de la estructura de sicarios presuntamente dirigida por Élder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño.

Asimismo, señaló que otros $600 millones estarían reservados para sobornar a funcionarios judiciales y obstaculizar las investigaciones relacionadas con el asesinato.

Estos montos corresponden a declaraciones conocidas dentro del caso y no permiten establecer, por sí solos, cómo se habría distribuido la totalidad de los $5.000 millones mencionados en la nueva denuncia.

En cuanto a la preparación del ataque, el informante describió una serie de encuentros que presuntamente se desarrollaron en Villavicencio, Carurú, en Vaupés, y territorio venezolano.

Según su relato, dos hermanos de John 40, residentes en la capital del Meta, habrían mantenido reuniones con alias el Viejo para coordinar el movimiento de recursos, facilitar desplazamientos hacia los campamentos y organizar aspectos relacionados con la operación.

Una de las reuniones señaladas habría ocurrido en Venezuela, dentro de un campamento de Iván Márquez. En ese encuentro, según el testimonio, participaron García Molina y el Zarco Aldinever.

El denunciante también identificó otros tres encuentros que presuntamente tuvieron lugar en un campamento de John 40 situado en Carurú.

En esa región, el cabecilla se movilizaría mediante cuatrimotos anfibias que, de acuerdo con la información suministrada, fueron compradas en Bogotá y posteriormente transportadas hacia Vaupés.

La declaración atribuye a Iván Márquez la decisión de ordenar el asesinato del dirigente político. Según la fuente, esa determinación habría sido adoptada durante una reunión de integrantes de la dirección de la Segunda Marquetalia, en la que se discutió la ejecución del atentado.

Entre los presuntos participantes se menciona a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, y a un hombre identificado como Jairo o Popeye, quienes habrían intervenido virtualmente. También aparecen José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; Alberto Cruz Lobo, conocido como Enrique Marulanda; el Zarco Aldinever y John 40.

La identificación de estos nombres forma parte del relato entregado a las autoridades. La participación de cada uno en la supuesta decisión criminal deberá establecerse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.

Otro de los aspectos incorporados a la denuncia es la presunta existencia de un plan para asesinar al expresidente César Gaviria Trujillo. El informante relacionó esa posibilidad con Kendry Téllez, alias Yako, mencionado como uno de los hombres que habría tenido conocimiento de las instrucciones impartidas por la Segunda Marquetalia.

Este último ya había sido señalado por alias el Viejo como la persona que le comunicó que la organización armada había ordenado ejecutar el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Según la nueva declaración, Yako habría viajado en dos oportunidades a Venezuela utilizando una ruta que incluía el paso por Puerto Carreño, Vichada. La fuente aseguró que actualmente permanecería en territorio venezolano.

También mencionó a un familiar de Téllez residente en Madrid, España, quien presuntamente realizaría desplazamientos frecuentes entre ese país, Estados Unidos y Canadá. El denunciante lo relacionó con posibles actividades de apoyo financiero a la estructura armada, aunque el material divulgado no establece su responsabilidad penal.

De manera paralela, Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, reveló que recibió información de una fuente según la cual la orden de asesinar al senador habría salido del Congreso de la República, específicamente del Senado.

Tarazona aseguró que puso esa versión en conocimiento de la Fiscalía y divulgó un mensaje en el que se mencionaba a Marcos Calarcá como presunto organizador de otro atentado, para el cual se habría dispuesto de ocho hombres armados.

Las afirmaciones de la esposa del dirigente político corresponden a información que, según indicó, recibió de terceros. No constituyen una determinación judicial sobre la procedencia de la orden del magnicidio ni sobre la participación de personas vinculadas al Congreso.

Frente a los señalamientos contra Calarcá, su abogado, Luis Eduardo de la Hoz, rechazó las acusaciones y aseguró que su defendido está cumpliendo las obligaciones que le corresponden ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El jurista cuestionó que se atribuyan conductas delictivas a sus representados sin que existan pruebas formalmente incorporadas al expediente de la Fiscalía que permitan sustentar esas afirmaciones.

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