Abogado de la familia de Miguel Uribe pedirá investigar presuntas “chuzadas” durante el gobierno Petro

El abogado Víctor Mosquera Marín, representante de la familia del fallecido exsenador Miguel Uribe Turbay, anunció que solicitará formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación por las presuntas actividades de inteligencia, seguimientos e interceptaciones que habrían sido realizadas contra el dirigente político y otros integrantes de la oposición durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Mosquera informó que su petición estará dirigida a esclarecer las actuaciones conocidas a partir de una investigación publicada por la revista Semana, en la que se señala que organismos del Estado habrían recopilado información sobre dirigentes políticos, exfuncionarios, exintegrantes de la Fuerza Pública y otras personas.

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Además de solicitar la investigación penal, el abogado pedirá a la Fiscalía adoptar medidas para recaudar y preservar las pruebas relacionadas con los hechos.

Entre los elementos que buscará que sean incorporados a las investigaciones están órdenes de trabajo, registros de seguimiento, interceptaciones, consultas efectuadas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros y comunicaciones o intercambios de información entre diferentes entidades estatales.

La solicitud abarcará la información que pueda encontrarse en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y otras instituciones que eventualmente hayan intervenido en la obtención, procesamiento o circulación de los datos.

“Ante la información conocida sobre actividades de inteligencia y seguimiento reveladas por la Revista Semana contra Miguel Uribe Turbay y otros miembros de la oposición, solicitaré formalmente a la Fiscalía General de la Nación que estos hechos sean investigados a fondo y que las pruebas sean recaudadas y preservadas con la mayor celeridad”, anunció Mosquera.

El penalista indicó que la petición buscará establecer qué información fue recopilada y mediante cuáles procedimientos se obtuvo. También pretende determinar las entidades y funcionarios que habrían participado en las actuaciones señaladas.

“Pediremos acceso a toda la información relacionada que repose en las investigaciones correspondientes, incluyendo órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros y cualquier intercambio de información entre la DNI, la Uiaf y otras entidades del Estado”, explicó.

Otro de los puntos que Mosquera pretende esclarecer corresponde a la cadena de decisiones que habría permitido las actividades de inteligencia. La solicitud buscará determinar quién impartió las instrucciones, quién las ejecutó, qué personas tuvieron acceso a los datos recopilados, a quién fueron entregados y cuál fue posteriormente su destino.

“Es indispensable establecer quién ordenó estas actuaciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a la información obtenida, a quién fue entregada y cuál fue su destino. La verdad sobre lo ocurrido debe conocerse por completo. Llegaremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para establecer todas las responsabilidades”, sostuvo el abogado.

La actuación anunciada incluye el caso de Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto de 2025 después de haber sido víctima de un atentado el 7 de junio de ese año. La petición también estará relacionada con las revelaciones sobre otras personas que, según la publicación de Semana, habrían sido objeto de actividades de inteligencia.

La investigación periodística señala que una auditoría forense realizada en la DNI permitió encontrar información que sería puesta a disposición de las autoridades judiciales. De acuerdo con la publicación, fueron identificados 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco dispositivos entre teléfonos celulares y tabletas.

Ese material permitiría a las autoridades revisar las actuaciones desarrolladas durante los últimos años en la Dirección Nacional de Inteligencia y establecer el origen, manejo y destino de la información recopilada.

En relación con dirigentes y figuras vinculadas a la oposición, Semana indicó que la DNI habría desarrollado actuaciones en coordinación con la Uiaf, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y algunos integrantes de la Policía y el Ejército.

La revista señaló además que desde 2024 había recibido denuncias relacionadas con un supuesto uso de información obtenida por organismos estatales contra sectores de oposición.

Una fuente de la Uiaf citada por Semana aseguró que entre las personas que presuntamente fueron objeto de actividades de inteligencia se encontraban el expresidente Álvaro Uribe Vélez; la entonces procuradora general, Margarita Cabello; el excontralor Carlos Felipe Córdoba; los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas; y las dirigentes políticas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

En la relación también fueron mencionados Miguel Uribe Turbay, Jenny Rozo, Ramiro Bejarano y la periodista Vicky Dávila.

Sobre las actuaciones atribuidas a la Uiaf, la publicación recoge el testimonio de una fuente de esa entidad que sostiene que se habrían efectuado escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos. Según esa versión, algunas solicitudes para obtener información no habrían sido registradas mediante los procedimientos establecidos.

“Las solicitudes de búsqueda de información no siempre se hacían con misiones de trabajo. Daban órdenes verbales o incluso en papelitos para no dejar huella de seguimiento, pero eso es ilegal; la inteligencia tiene protocolos”, afirmó la fuente citada por Semana.

La investigación periodística también señala, con base en la versión de esa fuente, que el entonces presidente Gustavo Petro habría recibido semanalmente informes relacionados con determinadas actividades de inteligencia.

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