Un mes de Abelardo de la Espriella: entre la tragedia, la ofensiva militar y el cambio de rumbo de Colombia

Treinta días fueron suficientes para que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tuviera que enfrentar una emergencia nacional, ordenar una ofensiva militar contra las principales organizaciones armadas, desmontar buena parte de la política de negociación heredada de Gustavo Petro, comenzar a reorganizar las finanzas públicas, redefinir las relaciones internacionales de Colombia y poner a prueba una coalición política que apenas empezaba a instalarse en el poder.

El 7 de agosto de 2026, De la Espriella llegó a la Casa de Nariño después de una de las elecciones presidenciales más cerradas de la historia reciente de Colombia.

Su discurso de posesión confirmó varias de las promesas que habían marcado su campaña: recuperación de la seguridad, fortalecimiento de la Fuerza Pública, reducción del gasto, lucha contra la corrupción, acercamiento con Estados Unidos y un cambio de orientación frente a las políticas desarrolladas durante los cuatro años de Gustavo Petro.

Sin embargo, el Gobierno prácticamente no tuvo periodo de adaptación. Apenas tres días después de la posesión, el 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte del territorio colombiano y convirtió la atención de la emergencia en la primera gran prueba de la administración.

El desastre modificó las prioridades de un Ejecutivo que todavía estaba terminando de organizar sus ministerios y entidades. Las operaciones de búsqueda y rescate, la atención de los damnificados, la recuperación de carreteras y servicios públicos y posteriormente la reconstrucción comenzaron a consumir buena parte de la agenda presidencial.

Las dimensiones de la tragedia fueron creciendo con el paso de los días. Los reportes oficiales contabilizaron afectaciones en 16 departamentos y centenares de municipios. Para finales de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportaba 331 personas fallecidas, miles de heridos, 152 desaparecidos y cientos de miles de damnificados.

Las inspecciones también fueron revelando decenas de miles de viviendas destruidas y otras tantas averiadas, además de daños en colegios, hospitales, acueductos, carreteras y puentes. Las cifras permanecían sujetas a actualización debido a la dificultad para ingresar a algunas zonas.

El terremoto terminó convirtiéndose en el acontecimiento que marcó las primeras semanas del nuevo Gobierno. De la Espriella declaró la emergencia y posteriormente anunció el inicio de la reconstrucción sin suspender las operaciones de búsqueda y asistencia humanitaria. El plan contempla recuperar viviendas, centros educativos y de salud, vías, infraestructura de servicios públicos y actividades productivas de las regiones afectadas.

A la emergencia sísmica se sumaron los incendios forestales, particularmente en Tolima. El sector agropecuario también comenzó a contabilizar las consecuencias de las emergencias: hasta comienzos de septiembre se reportaban cerca de 28.000 productores damnificados, más de 14.000 hectáreas de cultivos perdidas y miles de animales afectados por dificultades de alimentación. Las pérdidas estimadas para el agro superaban los $130.000 millones.

Mientras el Gobierno atendía la emergencia, otro frente comenzó a definir con claridad el sello político de De la Espriella: la seguridad.

Desde la campaña presidencial había prometido modificar la estrategia frente a las organizaciones armadas. Ya en el poder, ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía intensificar las operaciones contra estructuras vinculadas con narcotráfico, secuestro, extorsión y minería ilegal. 

La instrucción significó un cambio frente a la política de negociación que había predominado durante buena parte del Gobierno Petro.

La nueva estrategia combinó operaciones terrestres, inteligencia, capturas, interdicción del narcotráfico y bombardeos. En treinta días se desarrollaron varias acciones contra estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones criminales regionales.

Uno de los primeros operativos ocurrió el 10 de agosto, el mismo día del terremoto. En zonas rurales de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, las Fuerzas Militares desarrollaron la Operación Beta contra el ELN. La acción dejó integrantes de esa organización muertos y permitió destruir campamentos y búnkeres e incautar explosivos y centenares de granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

Posteriormente llegó la Operación Azarías, desarrollada en Guaviare contra el frente Carolina Ramírez de las disidencias comandadas por Iván Mordisco. El balance oficial informó de 23 integrantes de esa estructura muertos y seis capturados. Entre estos últimos figuró alias Víctor, señalado por las autoridades como tercero en la línea de mando.

La ofensiva tuvo uno de sus episodios de mayor impacto el 4 de septiembre en Riohacha. Un operativo de la Dijín terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado jefe del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las autoridades lo buscaban por homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico y tenía órdenes de captura y circular roja de Interpol.

El operativo adquirió un significado adicional porque Bendito Menor se había convertido durante los meses anteriores en uno de los símbolos del desafío de las organizaciones criminales al Estado.

Había difundido mensajes, entrenamientos y apariciones públicas mientras las autoridades intentaban ubicarlo. Su muerte fue presentada por el Gobierno como una demostración de la nueva política de persecución a los objetivos de alto valor.

Los resultados continuaron durante el cierre del primer mes. El 6 de septiembre, el presidente informó que siete integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc murieron durante operaciones en El Peñol, Nariño, mientras otros cinco fueron capturados.

El balance acumulado presentado por el propio Gobierno muestra la magnitud de la ofensiva. Entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre las autoridades reportaron 14.914 capturas, 49.379 kilos de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego retiradas de circulación y 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

También se registraron operaciones contra laboratorios para el procesamiento de cocaína, minería ilegal y estructuras dedicadas al tráfico local de drogas.

El mensaje político que acompañó esos resultados fue igualmente claro: el Ejecutivo pretende mantener una estrategia ofensiva y reducir el espacio otorgado durante los años anteriores a las negociaciones con organizaciones armadas.

Pero el primer mes también demostró que la recuperación de la seguridad será una tarea más compleja que una sucesión de operaciones exitosas.

El ataque con drones y explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, ocurrido el 4 de septiembre y atribuido por las autoridades al ELN, dejó militares muertos y heridos y volvió a mostrar la capacidad tecnológica adquirida por los grupos armados.

El ataque ocurrió cerca de instalaciones universitarias y obligó a estudiantes y docentes a buscar protección mientras se desarrollaba la acción.

Ese episodio recordó que la ofensiva estatal está siendo respondida por organizaciones que mantienen presencia territorial, recursos económicos y capacidad para utilizar drones, explosivos y otras modalidades de ataque.

La seguridad, que constituye uno de los principales compromisos del nuevo Gobierno, será también uno de los terrenos donde más rápidamente podrá medirse su capacidad para transformar los golpes operacionales en control permanente del territorio.

Al mismo tiempo, De la Espriella comenzó a desmontar uno de los principales pilares políticos del Gobierno anterior: la denominada “paz total”. El Ejecutivo puso fin a mesas de negociación heredadas de la administración Petro y dejó establecido que su prioridad será el sometimiento, la desmovilización o la derrota operacional de las organizaciones que continúen desarrollando actividades criminales.

La decisión recibió respaldo de sectores políticos que durante cuatro años cuestionaron la política de Petro. El expresidente Iván Duque calificó positivamente el primer mes de gobierno y destacó tanto la respuesta frente al terremoto como el cambio de estrategia frente a los grupos armados.

Otros sectores, organizaciones defensoras de derechos humanos y críticos del Gobierno han advertido, en contraste, sobre la necesidad de que las operaciones respeten estrictamente el Derecho Internacional Humanitario y de que la política de seguridad no dependa exclusivamente de resultados militares.

Mientras las Fuerzas Militares desarrollaban operaciones en las regiones, el Gobierno enfrentaba otro problema de enormes proporciones en Bogotá: las cuentas públicas.

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Miguel Gómez Martínez, presentó un diagnóstico fiscal considerablemente más complejo que el inicialmente previsto y radicó ante el Congreso un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $635 billones, denominado por el Ejecutivo “Presupuesto de la Verdad”.

La cifra es $59,3 billones superior a la contemplada en el proyecto presentado por la administración anterior. El Gobierno argumentó que era necesario incorporar obligaciones que no estaban completamente financiadas, entre ellas $6,5 billones para pensiones, $2 billones para salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $700.000 millones para universidades públicas y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Uno de los datos que encendió las alarmas fue el servicio de la deuda. Para 2027, el Gobierno calculó obligaciones por aproximadamente $155,4 billones, un incremento que convirtió el manejo de la deuda en uno de los principales desafíos de la nueva administración.

Hacienda anunció paralelamente un ajuste de $17,5 billones mediante reducción de compras de bienes y servicios, inversión considerada no prioritaria y otras líneas de gasto.

La administración también prepara su denominada Ley de Rescate Económico, con la que pretende contener el crecimiento del gasto y reducir progresivamente el desequilibrio fiscal.

El reto está lejos de resolverse. Analistas económicos han reconocido la decisión del Gobierno de mostrar obligaciones que anteriormente no estaban plenamente reflejadas en las cuentas, pero simultáneamente han advertido que sincerar las cifras no equivale a solucionar el problema.

El Ejecutivo deberá demostrar ante los mercados y el Congreso cómo financiará el presupuesto, cómo reducirá el déficit y hasta dónde llegará realmente la austeridad prometida durante la campaña.

En materia internacional, los primeros treinta días también representaron un giro. De la Espriella restableció una relación cercana con Estados Unidos y alineó buena parte de su estrategia de seguridad con Washington.

Colombia se incorporó al denominado Escudo de las Américas, esquema de cooperación impulsado por Estados Unidos, mientras se fortalecieron los intercambios de inteligencia y las acciones contra el narcotráfico.

La relación con el Gobierno estadounidense adquirió especial importancia después del terremoto. De la Espriella habló con el presidente Donald Trump y solicitó una suspensión temporal de los aranceles que afectan productos colombianos, argumentando que la medida ayudaría a empresarios y sectores productivos golpeados por la emergencia.

Estados Unidos, entretanto, participó en la asistencia internacional para las regiones afectadas por el terremoto.
El acercamiento con Washington contrasta con la política exterior desarrollada durante el Gobierno Petro y forma parte de una reorientación más amplia.

La administración De la Espriella también ha profundizado la relación con Israel y ha mostrado intención de revisar compromisos adquiridos por Colombia con China.

Estas decisiones han generado respaldo entre quienes reclamaban recuperar las alianzas tradicionales del país, pero también cuestionamientos de sectores que consideran inconveniente un alineamiento excesivo con Washington.

En el Congreso, el nuevo Gobierno también comenzó a medir su capacidad de construir mayorías. Después de las primeras tensiones derivadas de la conformación de las directivas legislativas, la coalición oficialista mostró capacidad para consolidar acuerdos políticos.

Esa gobernabilidad será determinante cuando lleguen las discusiones de fondo sobre presupuesto, ajuste fiscal, seguridad y las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar.

Así transcurrieron los primeros treinta días de la llamada “Patria Milagro”.
No hubo luna de miel administrativa. El terremoto ocurrido tres días después de la posesión obligó al Gobierno a cambiar prioridades cuando apenas comenzaba a instalarse. 

Después llegaron incendios, operaciones militares, ataques de organizaciones armadas, discusiones fiscales y decisiones internacionales que terminaron acelerando la definición del perfil presidencial.

De la Espriella cumplió su primer mes mostrando un estilo diferente al de su antecesor. La seguridad volvió al centro del discurso presidencial, las Fuerzas Militares recibieron una orden ofensiva, las negociaciones con estructuras criminales dejaron de constituir el eje de la política de paz, Estados Unidos recuperó un papel prioritario en la política exterior y Hacienda puso sobre la mesa unas cuentas fiscales que anticipan decisiones difíciles.

Los números de seguridad constituyen hasta ahora el resultado más visible: casi 15.000 capturas, cerca de 50 toneladas de estupefacientes incautadas, más de 1.300 hectáreas de coca erradicadas y varios objetivos de alto valor neutralizados o capturados. Pero treinta días son insuficientes para determinar si esos resultados conseguirán modificar las condiciones estructurales de violencia de las regiones.

Algo similar ocurre con la economía. El Gobierno ha presentado un diagnóstico y anunciado austeridad, pero todavía deberá convertir esas decisiones en reducción efectiva del déficit y estabilización de la deuda.

Y la reconstrucción posterior al terremoto apenas comienza: sus costos, tiempos y resultados acompañarán probablemente buena parte del primer año presidencial.

El 7 de septiembre, exactamente un mes después de la posesión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella puede exhibir decisiones y resultados, pero también tiene abiertos prácticamente todos sus grandes desafíos.

Debe reconstruir centenares de municipios afectados por el terremoto, contener organizaciones armadas que han respondido a la ofensiva estatal, recuperar el control territorial, ordenar unas finanzas públicas deterioradas, conseguir mayorías en el Congreso y administrar una política exterior que ha cambiado de dirección en cuestión de semanas.

El primer mes no permite todavía emitir un veredicto sobre un gobierno que tiene por delante casi cuatro años. Sí permite identificar su rumbo.

De la Espriella llegó a la Presidencia prometiendo cambiar la dirección que Colombia había seguido durante el gobierno de Gustavo Petro. Treinta días después, ese cambio ya comenzó a hacerse visible en seguridad, economía y relaciones internacionales.

Pero la prueba decisiva empieza ahora: convertir la velocidad de las primeras decisiones y los resultados operacionales en políticas sostenibles capaces de producir cambios que sobrevivan al impacto de los primeros titulares.

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