Defensora del Pueblo cuestiona a De la Espriella por exhibición de cuerpos tras operativo en Guaviare

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó públicamente al presidente Abelardo de la Espriella por la manera en que fueron presentados ante los medios los cuerpos de 23 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos durante una operación militar en Guaviare.

La controversia surgió después de que el Gobierno difundiera imágenes del mandatario caminando junto a los cuerpos, que permanecían cubiertos con bolsas blancas, como parte de la presentación del resultado de la Operación Azarías.

Para Marín, la forma de comunicar los resultados de una acción militar también debe respetar principios relacionados con la dignidad humana y el Derecho Internacional Humanitario. La funcionaria aclaró que su pronunciamiento no cuestiona la labor constitucional de la Fuerza Pública frente a los grupos armados, sino la manera en que se exhibieron los cuerpos después del operativo.

“Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, señaló la defensora.

La funcionaria también advirtió sobre los riesgos de que la respuesta institucional frente a los grupos armados termine utilizando la muerte como una demostración de poder.

“No es una competencia por quién puede ser más cruel”, sostuvo Marín, al insistir en que el Estado debe enfrentar a las organizaciones responsables de hechos violentos dentro de los límites establecidos por la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario.

Críticas a la forma de presentar los resultados

La defensora del Pueblo hizo énfasis en que la autoridad estatal debe estar acompañada de legitimidad y respeto por los derechos fundamentales.

En ese sentido, cuestionó que los cuerpos de personas fallecidas sean utilizados como parte de la escenografía durante una declaración pública o una presentación oficial de resultados militares.

“Deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, afirmó.

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Marín también hizo referencia a los antecedentes de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” y pidió evitar cualquier práctica o discurso que pueda contribuir a normalizar la deshumanización de quienes mueren en medio del conflicto armado.

La funcionaria planteó además que los indicadores de seguridad deberían incorporar variables relacionadas con las vidas protegidas y los derechos garantizados, además de las cifras de capturas, incautaciones o personas abatidas durante las operaciones.

“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza”, manifestó.

Qué ocurrió en la Operación Azarías

La operación militar cuestionada por la defensora del Pueblo se desarrolló el 30 de agosto de 2026 en zona rural de Miraflores, Guaviare, contra integrantes del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc.

Según el balance entregado por el Gobierno, la acción dejó 23 presuntos integrantes de la estructura muertos y seis personas capturadas. Durante la operación también fueron recuperados dos menores de edad, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Entre los muertos se encuentra alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado por el Gobierno como uno de los principales cabecillas del Frente Carolina Ramírez y cercano a alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe del Estado Mayor Central.

Las autoridades también reportaron la incautación de 28 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas, además de explosivos y otros elementos utilizados por la estructura armada.

El Gobierno ha presentado el resultado como uno de los golpes más importantes contra las disidencias durante la actual administración.

La discusión ahora se centra en la manera de comunicar este tipo de operaciones. Mientras el Ejecutivo destaca los resultados obtenidos contra las organizaciones armadas, la Defensoría del Pueblo insiste en que la respuesta estatal debe mantener como límite la Constitución, la ley y la protección de la dignidad humana.

La controversia sobre las imágenes difundidas después de la operación se suma al debate nacional sobre la forma en que el Estado debe comunicar sus resultados en materia de seguridad y sobre los límites que deben mantenerse incluso en escenarios de confrontación armada.

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