Presidente Abelardo de la Espriella ordena trasladar a 20 reclusos de Barranquilla

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde establecimientos penitenciarios de Barranquilla hacia centros de reclusión en Bogotá, en el marco de una estrategia orientada a frenar el control criminal que algunos internos ejercen desde las cárceles del país. 

La medida, según indicó el mandatario, busca poner fin a lo que denominó zonas de confort para quienes pretenden seguir delinquiendo mientras cumplen condena o permanecen detenidos.

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De acuerdo con lo informado, 10 de los reclusos trasladados se encontraban recluidos en estaciones de Policía de Barranquilla, mientras que los 10 restantes permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de esa misma ciudad. Entre los trasladados figuran presuntos cabecillas y miembros de estructuras criminales como Los Pepes y Los Costeños, entre ellos Rodrigo Javier Pantoja Linero, conocido como "Rodrigo" o "El Gamo"; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias "El Lobo" o "Comandante Gabino"; y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias "Caballo".

La lista también incluye a Adrián Hernán Guerrero Peña, alias "El Miquito"; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias "Pastel"; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias "Makelele"; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias "Chocolate"; José Eulises Flórez Blanco, alias "Ñeco"; José Luis Barrios Álvarez, alias "El Huequito"; Dairo Luis García Quintero, alias "El Pequeño"; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias "El Gordo Pan", entre otras personas vinculadas a estas estructuras delincuenciales que operaban, según las autoridades, desde los centros de detención en la capital del Atlántico.

Según se informó, los traslados se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con el respaldo de la Fuerza Pública, con el propósito de evitar posibles fugas, intentos de rescate o atentados durante el desplazamiento de los internos. El operativo contempló un despliegue especial dado el perfil criminal de las personas movilizadas y su presunta capacidad de incidencia dentro y fuera de los centros penitenciarios de origen.

Una vez lleguen a Bogotá, los reclusos permanecerán allí de manera transitoria y, durante los quince días siguientes, serán redistribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las decisiones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Esta redistribución busca dificultar la posibilidad de que los internos mantengan redes de comunicación o control territorial desde un mismo lugar de reclusión.

El mandatario fue enfático al señalar que la orden presidencial responde a un mensaje de fondo: desde las cárceles no se puede extorsionar, amenazar ni dirigir estructuras criminales. Con esta medida, el Gobierno buscó reafirmar que el control de los centros penitenciarios del país está en manos del Estado y no de los delincuentes que, según las autoridades, han utilizado su reclusión para continuar delinquiendo.

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