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Ecopetrol pide investigar contrato de Regasificadora adjudicado el el gobierno Petro

El proyecto, adjudicado en 2025 a PIO S.A.S., quedó bajo revisión por posibles irregularidades en el proceso contractual y por vínculos profesionales entre personas relacionadas con la iniciativa.

Ecopetrol Ciberataque
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 27/09/2026 - 09:24 Créditos: Ecopetrol. Web Alcaldía de Bogotá.

Ecopetrol presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia para que se revisen aspectos relacionados con el proceso de contratación de la Regasificadora del Pacífico, proyecto destinado a fortalecer el abastecimiento de gas natural en Colombia mediante la importación de Gas Natural Licuado (GNL).

De acuerdo con información publicada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la denuncia fue presentada el 2 de septiembre, después de una revisión interna de la petrolera. La actuación busca establecer si durante el proceso de adjudicación a Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (PIO S.A.S.) se presentaron irregularidades.

La existencia de la denuncia no significa que se haya establecido la comisión de un delito ni determina responsabilidades penales para PIO S.A.S., sus directivos, antiguos funcionarios de Ecopetrol o cualquier otra persona relacionada con el proyecto. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos que ameriten una investigación penal.

¿Cómo se adjudicó el contrato?

El contrato fue suscrito el 28 de febrero de 2025 y contempla servicios asociados con la recepción, almacenamiento, transporte y regasificación de GNL para Ecopetrol.

Según información divulgada por la petrolera, el proceso recibió 18 manifestaciones de interés y ocho ofertas vinculantes antes de la adjudicación a PIO S.A.S.

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La infraestructura fue diseñada para manejar inicialmente 60 millones de pies cúbicos de gas natural al día. El esquema contempla la llegada del GNL a Buenaventura y su posterior transporte hasta Buga, Valle del Cauca, donde sería convertido nuevamente a estado gaseoso para incorporarlo al Sistema Nacional de Transporte.

El contrato tiene una duración inicial de cinco años a partir de la entrada en operación del proyecto.

Óscar Isaza, fundador y propietario de PIO S.A.S., defendió ante El Tiempo el proceso mediante el cual su compañía obtuvo el contrato y sostuvo que la adjudicación fue resultado de una competencia entre diferentes oferentes.

Según declaraciones reproducidas por medios de comunicación, Isaza afirmó que su empresa presentó la propuesta económica y técnica que consideró más favorable y ofreció el menor tiempo de entrega sin anticipo.

El proyecto ha sido relacionado públicamente con una inversión cercana a US$172 millones. Esta cifra corresponde a una estimación de la inversión en la infraestructura y no necesariamente al valor total de los pagos que Ecopetrol realizará durante la vigencia del contrato.

Uno de los elementos señalados en la investigación periodística está relacionado con los antecedentes profesionales de Einstein Mauricio Gómez Machado, quien figura como consejero delegado de la Regasificadora del Pacífico desde 2025.

Según la información publicada por El Tiempo, Gómez tuvo diferentes vínculos con entidades y empresas del sector energético. Fue comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en 2012, posteriormente asesoró a PIO y en 2024 estuvo relacionado con procesos profesionales tanto en la Creg como en Ecopetrol.

En esta revisión también aparece Bayron Triana, quien ocupó el cargo de vicepresidente encargado de Energías para la Transición de Ecopetrol.

La investigación periodística señala que Gómez fue jefe de Triana durante su paso por la Creg. También menciona una relación contractual entre Consultoría Regulatoria, firma vinculada a Gómez, y E-Nlighten S.A.S., compañía relacionada con Triana.

Gómez reconoció ante El Tiempo haber realizado una asesoría para la Creg cercana a los $1.000 millones. En ese trabajo se abordaron asuntos relacionados con la regasificación de gas por el Pacífico y se formularon observaciones sobre un proceso desarrollado previamente por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).

El funcionario sostuvo que no participó en las decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato y aseguró que se vinculó a la Regasificadora del Pacífico cuando el proceso contractual ya había terminado.

Versiones diferentes sobre los contactos previos

Otro de los puntos señalados en la investigación corresponde a las versiones entregadas por Óscar Isaza y David Riaño, quien se desempeñó como vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol.

Isaza afirmó que Riaño lo contactó durante 2024 para hablarle del proyecto e invitar a PIO a participar en el proceso de contratación.

Riaño negó esa versión. Según su testimonio, el 16 de agosto de 2024 recibió una solicitud del equipo de la Presidencia de Ecopetrol, que entonces estaba encabezada por Ricardo Roa, para atender a un grupo de empresarios que tenían iniciativas relacionadas con los océanos Pacífico y Atlántico.

De acuerdo con esa versión, aproximadamente dos semanas después se abrió el proceso de contratación.

Riaño sostuvo además que posteriormente la Gerencia de Proyectos de Transición asumió el trámite, con Bayron Triana como encargado, mientras que la decisión de adjudicación correspondió a la Vicepresidencia de Logística.

La diferencia entre los testimonios constituye uno de los aspectos señalados en la investigación periodística para reconstruir los contactos previos al proceso contractual.

La investigación también pone el foco sobre el cronograma de ejecución de la infraestructura.

Ecopetrol había previsto inicialmente que la Regasificadora del Pacífico entrara en funcionamiento durante 2026. Posteriormente se estableció el 1 de agosto como fecha prevista para comenzar las entregas de GNL, pero ese plazo no se cumplió.

A finales de septiembre, el proyecto continuaba en fase de preparación y sus responsables estimaban que podría comenzar operaciones hacia mediados de noviembre.

De acuerdo con la información publicada, el contrato contempla multas cercanas a US$200.000 por cada día de retraso, que podrían descontarse de las facturas. Los responsables del proyecto han atribuido parte de las demoras a dificultades logísticas y han señalado circunstancias que consideran de fuerza mayor.

La infraestructura hace parte de los proyectos destinados a complementar el abastecimiento de gas natural en Colombia.

Su operación permitirá importar GNL por el océano Pacífico. El combustible llegará a Buenaventura, donde será almacenado en una unidad flotante, y posteriormente será transportado hasta Buga para su regasificación e incorporación al Sistema Nacional de Transporte.

La capacidad inicialmente contratada por Ecopetrol es de 60 millones de pies cúbicos diarios.

Mientras la infraestructura avanza hacia su entrada en operación, la denuncia presentada por Ecopetrol abre una revisión sobre las condiciones en las que se desarrolló el proceso contractual. La Fiscalía deberá establecer si los hechos puestos en su conocimiento tienen relevancia penal y si existen responsabilidades individuales.

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