SpaceX rechaza acusaciones de México por basura espacial en Tamaulipas

La empresa aeroespacial SpaceX, con sede en Estados Unidos, emitió un pronunciamiento público en el que rechazó las acusaciones formuladas por autoridades mexicanas respecto a la caída de fragmentos de uno de sus vehículos espaciales en territorio del estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas.

En su declaración, la compañía negó que los restos identificados como componentes del cohete Starship representen algún tipo de amenaza para la salud humana o el medioambiente, y solicitó la colaboración del gobierno mexicano para facilitar la recuperación del material, que afirma sigue siendo de su propiedad.

La reacción de SpaceX se produce luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciara el inicio de un proceso administrativo y legal para determinar las responsabilidades de la compañía por la supuesta contaminación provocada por estos objetos.

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Según lo expuesto por Sheinbaum, el gobierno mexicano evalúa los efectos de los residuos y estudia los marcos normativos internacionales aplicables con el fin de presentar las demandas correspondientes.

En su comunicación, difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, SpaceX argumentó que los estudios realizados a los materiales recuperados del cohete Starship —lanzado el pasado 27 de mayo— no indican presencia de elementos peligrosos desde un punto de vista químico, biológico ni toxicológico.

Además, señaló que los restos del artefacto fueron objeto de búsqueda por parte de sus equipos técnicos, pero que dichas labores se han visto obstaculizadas por la presencia de personas no autorizadas en propiedades privadas, sin especificar a quiénes se refería ni detallar los lugares exactos.

El incidente que dio lugar a la controversia ocurrió tras el lanzamiento de la misión Starship 36, cuyas partes se desintegraron y cayeron en distintas zonas del norte de Tamaulipas.

Entre los sitios señalados se encuentran áreas rurales de cultivo y pastoreo en el municipio de Matamoros, así como la Playa Bagdad y un tramo del cauce del Río Bravo.

La presencia de los restos fue inicialmente reportada por la organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global (Conibio Global), que alertó a las autoridades locales sobre el hallazgo.

En respuesta a esa alerta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), inició una revisión técnica para establecer la magnitud del posible daño.

Aunque no se ha emitido un informe definitivo sobre los hallazgos, la administración federal insiste en que sí existe evidencia de impacto ambiental, razón por la cual se estudian mecanismos de exigencia internacional.

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SpaceX, por su parte, reiteró su intención de cooperar con las autoridades mexicanas para recuperar los restos del vehículo y aseguró que estos materiales no deberían haber sido manipulados por terceros sin autorización.

Además, sostuvo que la empresa conserva la titularidad sobre los fragmentos, sin importar el lugar donde hayan caído, y que espera que puedan ser restituidos conforme a las normas internacionales que rigen el uso del espacio ultraterrestre.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ni la Oficina de Comunicación de la Presidencia han ofrecido una respuesta formal al comunicado de SpaceX.

La empresa tampoco ha detallado qué acciones tomará en caso de que no se facilite la devolución de los restos ni si ha iniciado alguna reclamación diplomática o jurídica ante organismos multilaterales.

El caso se produce en un contexto en el que el número de lanzamientos espaciales comerciales ha incrementado notablemente en la última década, lo que ha derivado en debates internacionales sobre la gestión de residuos en la órbita terrestre y la responsabilidad derivada de su reingreso no controlado a la atmósfera y posterior caída sobre zonas habitadas o ecosistemas vulnerables.

Aunque el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 y la Convención sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972 contemplan principios generales al respecto, su aplicación efectiva ha sido motivo de controversia en distintos episodios recientes.

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